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De la abundancia a la mendicidad pesquera


Por: Germán Robaina G.

robainag@gmail.com

Como hemos venido advirtiendo a los dos bandos políticos nacionales, para el año 2030, se estima que Venezuela requerirá por lo menos 500.000 toneladas de productos de origen pesquero, solo para cubrir su consumo interno de su población, por lo que implementar estrategias tendentes a generar esa biomasa debe ser considerado como prioridad para el sector agroalimentario nacional.

Siempre hemos basado nuestras cifras de producción y de consumo per cápita nacional, en las cifras ofrecidas por el órgano rector de la actividad pesquera nacional (MinPesca), ofreciéndonos éstas una producción estimada para el año 2018 de 165.000 Tm, a partir de lo cual estimamos un consumo per cápita aparente  -sin contabilizar el grueso volumen correspondiente a exportaciones- cercano a 5 Kg/hab/año.

Sin embargo, nuevas evaluaciones de campo realizadas recientemente, permitirían afirmar que se vienen capturando no menos de 395.000 Tm en total, de las cuales unas 312.000 Tm (79%) se exportan por caminos regulares o irregulares (registradas o no registradas), y apenas unas 82.500 Tm (21%) quedan para cubrir el mercado nacional.

Sea según las cifras oficiales reportadas (165.000 Tm) a la cuales le tendríamos que restar el grueso del volumen de biomasa que actualmente se exporta,  o según están nuevas cifras, lo realmente cierto, es que Venezuela se encuentra en la denominada “zona de mendicidad” en lo que a abastecimiento de recursos pesqueros se refiere (ver grafica), y se estima que el consumo per cápita nacional de productos de origen pesquero, no alcanza los 3,0 Kg/hab/año. Seguramente uno de los más bajos del hemisferio.

Aquellas 500.000 Tm de productos pesqueros que el país reportaba para finales de los años 90 e inicios de los 2000, parecían haberse esfumado del mar venezolano.

Muchos se lo achacaron a la prohibición de las actividades de la pesca de arrastre que entró en vigencia para el año 2003; otros al cambio climático, y muchos otros a la sobre pesca, la contaminación y la crisis política nacional.

Con la nueva información ofrecida, todo parece indicar que si bien ha ocurrido cierta merma en el nivel de las capturas totales, no todo es responsabilidad de los factores antes mencionados, sino que tiene gran peso el contrabando de extracción que viene ocurriendo, muchas veces a la vista de los órganos de vigilancia y control, y que se realiza desde las costas del estado Zulia hasta Delta Amacuro, mediante el transvase de la captura a embarcaciones de mayor calado a cambio de dólares, alimentos, gasolina, hielo y cerveza principalmente, tal como como se comprobó ocurre en el área de Los Testigos, La Blanquilla y Los Roques principalmente, y/o su transporte directo a las islas del Caribe.  

Solo la exportación de productos pesqueros de muy alto precio pudiera -a nuestro juicio- tener alguna justificación en los actuales momentos, más no así, la exportación a gran escala de productos que forman parte de la dieta diaria del grueso de la población venezolana, en momentos de tan grandes penurias alimentarias. Y menos aún si esta exportación la promueven y lideran los mismos organismos reguladores.

Como cita la reconocida Susana Raffalli días atrás, “la relación nutrición-pobreza es mucho más evidente que la relación pobreza-nutrición, por lo que atacar la nutrición es nuestro país es más importante que atacar su pobreza” y, “mientras las secuelas de una situación de pobreza pudieran ser subsanadas en pocos años, los daños nutricionales nos generarán pobreza por décadas”.

Recientemente, respondiendo a una invitación que nos formulara FEDEAGRO, expusimos que si bien era de gran importancia la generación de un importante volumen de biomasa pesquera para la exportación y la generación de las divisas que requiere el país para afrontar su recuperación, más lo era garantizar primeramente la alimentación básica a la población, ya que al final del día, sin ellos, no harían falta divisas para medicinas, escuelas, hospitales, comedores ni nada por el estilo.

Por otra parte, formular un plan adecuado de desarrollo para la generación de la biomasa pesquera de alto precio en los mercados internacionales, requiere de varios años de esfuerzo y desarrollo, tiempo en el cual podemos enfocarnos prioritariamente a la generación de biomasa para cubrir los requerimientos alimentarios y nutricionales nacionales, y paulatinamente, años tras años, ir abriendo mercados de exportación con la oferta de un adecuado volumen de productos, excelente calidad y alto valor.

Nada de sardina, catacos, lisas, lebramnches ni cagalonas.

Estimamos que el 40% de la biomasa pesquera requerida para la alimentación nacional se puede generar por actividad pesquera per se, a partir de las capturas provenientes de la pesca artesanal marina y continental y actividades de pesca de arrastre a media agua en la plataforma continental venezolana, y una muy baja porción de ella, de la pesca de atún y la pesca de pargo-mero dado su elevado precio en los mercados internacionales, mientras que la producción acuícola será aportada por el cultivo de peces (50% aprox.) con la cría de cachamas y sus híbridos, truchas, tilapias y peces marinos principalmente, mientras el grupo de los moluscos (ostras y mejillones), crustáceos (camarones peneidos y paleomonidos), macroalgas, etc. aportarían el 20% restante.

Sin embargo, cubrir los actuales déficits, requiere de grandes esfuerzos, inversiones y planificación, pero especialmente del fomento y regulación eficiente y honesta de la actividad pesquera, de las actividades de exportación, la permisería para el cultivo de las diferentes especies presentes en el país, y del aprovechamiento de los diferentes ambientes disponibles, en un trabajo conjunto entre el sector productivo privado y el sector oficial regulador.

Y, aunque resulta bastante incomodo y duro de expresar, nos vemos en la obligación de reseñar que en lo que a la actividad acuícola se refiere, los más grandes obstáculos se encuentran en el sector gubernamental.

El Ministerio con competencia en ambiente, extrema sus exigencias contra la actividad acuícola y el uso de especies no nativas que poseen el mayor potencial y tienen más de 50 años de presencia en él, y las exigencias para otorgar los correspondientes permisos, sobrepasan a los exigidos a cualquier otra actividad (petróleo, minería, carbón, agropecuaria, etc.).

El uso de espacios acuáticos, marino costeros, embalses y la gran mayoría de los ambientes continentales, se ve obstaculizado por las exigencias ambientales, predominando las prohibiciones extremas, antes que normas referenciales que favorezcan el desarrollo de la actividad acuícola siempre que esté en armonía con la protección ambiental (piscicultura armónica la llamamos).

El ministerio con competencia en pesca y acuicultura, solo puede aprobar un proyecto de desarrollo acuícola, una vez que el ministerio con competencia en materia ambiental lo aprueba, quedando sometida la actividad acuícola, a la discrecionalidad del tema ambiental. 

Y ante lo que consideramos una estrategia de satanización de la actividad acuícola por parte del ministerio con competencia en ambiente, el ministerio con competencia en pesca y acuicultura, se mantiene sumiso y no reclama su liderazgo en la materia acuícola.

Finalmente, aunque se han publicado algunas resoluciones conjuntas, ninguna entra en completa vigencia, por la falta de elaboración de los correspondientes reglamentos para su aplicación.

Una propuesta integral – seguramente mejorable – que pudiera servir de base para analizar y evaluar la situación de la actividad acuícola-pesquera nacional, y su potencial en la generación de desarrollo, empleos, alimento y divisas, así como para la emisión de una eventual “Ley de Desarrollo Acuícola Nacional” que rija y ayude a solventar los múltiples obstáculos que limitan a la actividad, se encuentra a la disposición de los dos bandos.

Aunque propuestas van y propuestas vienen, predomina el facilismo, la improvisación, el populismo y la demagogia.

Ante todo ello, recomendamos la conformación de una mesa técnica de alto nivel, en la cual representantes de los diferentes entes involucrados (Alimentación, Pesca y Acuicultura, Ecosocialismo, Aguas, Espacios Acuáticos, Corporaciones de Desarrollo) y conocedores del tema, encuentren un punto medio. Un punto de equilibrio.

Lo que en el lenguaje médico – farmacéutico denominan: evaluar la relación riesgo – beneficio de la actividad.


Germán Robaina G. es colaborador destacado de Mundo Agropecuario

Este trabajo fue enviado por el autor o autores para Mundo Agropecuario, en caso que se desee reproducir le agradecemos se destaque el nombre del autor o autores y el de Mundo Agropecuario, redireccionando hacia el artículo original.

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