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Naciones Unidas: la pandemia en la sombra de COVID-19 que no necesita vacuna, sino alimentos sanos


El Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional 2020 señala que las tasas de obesidad elevadas y las enfermedades no transmisibles que conlleva hacen que una parte importante de la población esté expuesta a mayores riesgos ante la pandemia de COVID-19


Entre 2017 y 2019, 800.000 personas sufrieron inseguridad moderada o severa en algún momento durante ese periodo en Uruguay, previo al inicio de la pandemia y a la crisis económica que la acompaña, advierte el informe anual publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP).

“Tanto en el mediano como en el largo plazo, este informe y la actual situación de Uruguay señalan la necesidad de reforzar las herramientas y las acciones de toda la sociedad que permitan transformar el sistema alimentario para que las y los uruguayos accedan y elijan una mejor alimentación”, considera Rubén Flores, Representante ad ínterim de la FAO en Uruguay.

Agrega que “es fundamental actuar ahora para lograr que no sigamos profundizando a futuro el doble desafío del hambre y la mala alimentación que genera sobrepeso y obesidad”.

Además, al igual que en el resto de la región, la inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. En 2019, la inseguridad alimentaria grave o moderada fue del 32,4% en mujeres y del 25,7% en hombres de América Latina. En Uruguay, según la últimas cifras, afecta al 23,5% de las mujeres y al 18,5% de los hombres. 

El Panorama 2020 analiza el sobrepeso infantil y el retraso en el crecimiento infantil en los países de la región, e identifica qué territorios están altamente rezagados, es decir, que exhiben niveles smuy superiores al promedio nacional.

“En América latina y el Caribe, el fuerte golpe económico de la pandemia ha dejado a millones de familias con menos recursos para comprar alimentos nutritivos,” señaló Jean Gough, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.

“No recibir una alimentación saludable entre los 6 meses y 2 años pone a los niños y niñas en riesgo de malnutrición. Para que puedan crecer sanos en tiempos de pandemia, es urgente asegurar la disponibilidad de alimentos saludables a precios asequibles”, advirtió en el lanzamiento del informe a principio de diciembre.

Según el Panorama 2020, el sobrepeso infantil en los territorios altamente rezagados de la región es dos veces mayor que en los territorios sin rezago: 13,1% versus 6,6%. El retraso en el crecimiento infantil alcanza 27,6% en los territorios con alto rezago y sólo 11,9% en los no rezagados.

A falta de datos desagregados por departamento, el Panorama 2020 no incluye datos de Uruguay por territorio. La información disponible más reciente pertene al año 2011 y solo está disponible información para dos territorios diferenciados (Montevideo e Interior) cuando la metodología utilizada en el informe requería de por lo menos 3 territorios por país para poder hacer comparaciones y promedios.

Esto supone “una tarea importante que impulsar, ya que, sin información oportuna y actualizada, la toma de decisiones puede resultar inadecuada”, señala Flores.

Sin embargo, los expertos regionales de la FAO encontraron que el retraso en el crecimiento infantil es un punto porcentual más alto en Montevideo que en el interior del país, llegando a 11.5% (10.5% en el Interior).

De igual forma, el sobrepeso infantil alcanza el 10.6% en Montevideo, más de 2 puntos porcentuales por sobre lo que se encuentra en el interior (8.3%).

Estos datos de sobrepeso coinciden con la tendencia encontrada para toda la región, en el sentido de que las áreas urbanas y las grandes capitales concentran el sobrepeso. Sin embargo, los datos de retraso en el crecimiento infantil demuestran una tendencia contraria a lo reportado en el resto de la región.

El sobrepeso en menores de 5 años implica al 7,2% de niñas y niños en Uruguay, 5,6% de los del mundo y 7,5% de la población infantil de la región. Desde 1990 estas cifras muestran un aumento sostenido en América Latina y el Caribe, con una prevalencia que comenzó a medirse en 6,2% en 1990.

“Los promedios nacionales esconden las desigualdades territoriales. En cada país tenemos lugares que han alcanzado muy buenos estándares y otros donde las condiciones son muy graves. Es fundamental que los países enfoquen sus esfuerzos y canalicen recursos a los territorios rezagados, con soluciones a medida de cada uno de ellos”, advirtió Julio Berdegué, Representante Regional de la FAO en el lanzamiento del informe a inicio de mes.

Este nuevo enfoque del informe Panorama ocurre en el marco de la iniciativa Mano de la Mano impulsada por el Director General de la FAO, QU Dongyu y es parte de la respuesta de la organización a la desigualdad entre territorios, atendiendo a los más rezagados en prioridad.

Por este motivo, Flores entiende que “será necesario actuar para entender con claridad el funcionamiento de los sistemas alimentarios y la formación de precios en cada fase del sistema agroalimentario”.

Alimentación y pandemia

El Panorama 2020 destaca que el impacto de la pandemia ocurre en un momento en el cual la seguridad alimentaria regional ya venía en claro deterioro: en 2019, 47,7 millones de personas, el 7,4% de la población, vivía con hambre, un aumento de más de 13 millones de personas en cinco años.

A esto se suma que más de 190 millones sufren inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que implica que uno de cada tres habitantes de América Latina no tuvo acceso a alimentos nutritivos y suficientes en 2019.

La disminución del poder adquisitivo de los hogares debido a las restricciones que impuso la pandemia afecta a la calidad de las dietas de los grupos de población con menos ingresos, porque perjudica la demanda de productos sanos y nutritivos, considerados más caros y favorece la de productos ultraprocesados más baratos, que suelen tener un alto contenido en calorías, azúcares, grasas y sal, perjudiciales para la salud.

“Para la región, donde el costo de una dieta saludable es el más elevado del mundo, es clave promover sistemas alimentarios que favorezcan el acceso a alimentos nutritivos, diversos y asequibles, lo que sólo puede hacerse apoyando la agricultura familiar”, dijo Rossana Polastri, Directora del FIDA para América Latina y el Caribe.

En Uruguay, el precio de la dieta saludable es de 3 dólares, mientras que una dieta básica sale 0,7 dólares. A nivel regional, la relación es de 3,98 dólares en promedio para comer saludable y 1,06 para comer suficiente, de acuerdo al informe.

Estos datos preocupan aún más dado que la mortalidad causada por COVID-19 podría ser hasta 2 o 3 veces mayor en pacientes diabéticos, indica el documento.

A su vez, explica que la enfermedad por coronavirus demostró ser más grave en las personas con obesidad debido a que el sistema inmunitario de estos pacientes no funciona tan eficazmente ya que presentan ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos para mantener las funciones corporales (hipoxia).

En la región, las tasas de obesidad elevadas y la presencia cada vez mayor de enfermedades no transmisibles hacen que una parte importante de la población esté expuesta a mayores riesgos ante esta pandemia.

Por otro lado, COVID-19 puede causar un aumento del sobrepeso, de la obesidad y de las ENT, debido al aislamiento y a la limitación del número de salidas para adquirir alimentos. “Las personas han reducido su nivel de actividad física y han aumentado el consumo de alimentos poco saludables, lo que ha favorecido la compra de productos no perecederos en detrimento de los frescos”, advierte el texto.

En Sudamérica, antes de la pandemia, el sobrepeso afectaba a 58,3% de la población y a 62,9% de los uruguayos.

La obesidad, en tanto, alcanzaba a 23% de los sudamericanos y 27,9% de los uruguayos y uruguayas, es decir a 962.271 personas.

En 2016, 315 millones de personas (casi la mitad de la población de la región) sufría sobrepeso u obesidad. Eran 239 millones en 2006. Esto es particularmente grave debido a que la obesidad está asociada al riesgo de sufrir peores efectos en caso se afectado por COVID19.

“La distribución desigual de recursos y oportunidades está dejando atrás a muchas personas y se prevé que el COVID-19 aumente todas las formas de malnutrición infantil, incluidos el retraso del crecimiento, las deficiencias de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad”, afirmó Anselm Hennis, Director del Departamento de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental de la OPS/OMS.

“Es necesario reformar los sistemas alimentarios y de nutrición, y proporcionar a las poblaciones una nutrición óptima”, agregó.

Desafíos y también posibles soluciones

El informe Panorama, no solo señala los desafíos de la región en cuanto a la alimentación de su población, también sugiere soluciones.

“Este informe ratifica la necesidad que los gobiernos de la región amplíen sus redes de protección social existentes e incrementen el gasto social para que sus beneficios lleguen a las personas más vulnerables afectadas por inseguridad alimentaria en una etapa de pandemia”, dijo Miguel Barreto, Director Regional del WFP para América Latina y el Caribe.

El texto señala que, para hacer frente a todas las formas de malnutrición es fundamental diseñar programas de protección social que sean sensibles a la nutrición, que proporcionen un acceso más adecuado a alimentos nutritivos para los consumidores con ingresos más bajos y que aumenten la asequibilidad de la alimentación saludable para esa población.

Entre las recomendaciones del informe figura la regulación del etiquetado frontal de alimentos, para permitir una mejor información de la población a la hora de hacer sus compras. “Esto puede marcar una diferencia, en particular en tiempos de pandemia, por lo que urge actuar para que el decreto en Uruguay y la reglamentación se pongan en vigencia en el menor tiempo posible”, estima Flores desde la FAO en Uruguay.

El Panorama 2020 también señala que algunas de las principales causas del hambre son la pobreza, la falta de empleo y su precariedad. Por ese motivo, recomienda implementar políticas orientadas a mejorar el acceso económico, a través de la articulación de políticas de apoyo productivo, con políticas de protección social (ingreso mínimo universal, bono de alimentación, entre otras propuestas), articuladas con políticas de educación, con campañas comunicacionales informativas sobre la importancia de una alimentación adecuada.

“Todas estas propuestas son fundamentales en  busca de la respuesta a la difícil ecuación de evitar la propagación del virus y la de la crisis económica en paralelo, con el objetivo común de pensar en las personas”, según Flores.

Dado que la producción familiar es una de las principales fuentes de ingreso y alimentos para una parte importante de la población tanto urbana como rural, apoyar los medios de vida y la producción de los agricultores familiares es una medida clave para asegurar su acceso económico a una alimentación adecuada, establece también el documento.

En este respecto, señala que son especialmente relevantes las medidas orientadas a mejorar el acceso a activos financieros y no financieros, y a servicios rurales; así como la diversificación de la producción; y la expansión de las innovaciones digitales para los pequeños productores.

“Sobre todo en un país agroexportador como Uruguay, el rol que cumplen los productores en la alimentación adecuada de la población y en la economía es más clave hoy que nunca”, considera Flores.


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