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Una app como estrategia para desarrollar los denominados centros piscícolas regionales


Cada día vemos más lejos la posibilidad de que el sector gubernamental diseñe, desarrolle y ponga en marcha las obras que el sector acuícola requiere para su consolidación, y alternativas de financiamiento externo que desde hace mucho tiempo vienen siendo utilizadas por otros países de la región para financiar su desarrollo, las veíamos como innecesarias para el nuestro.

Analizando los nuevos escenarios, hacemos un llamado de atención, tanto al sector público como al privado, sobre las denominadas APPs como estrategias de asociación con potencial para ayudarnos con el desarrollo del sector, la generación de empleos, alimentos y divisas.


Germán Robaina G.

robainag@gmail.com


Una APP o “Asociación Público-Privada” es un contrato a largo plazo entre una entidad gubernamental y un ente privado para desarrollar un activo o un servicio público, transfiriendo la responsabilidad al sector privado para movilizar financiación para la inversión en infraestructura requerida, haciéndose responsable de la gestión, y su remuneración vinculada a su desempeño.

Para ello el sector privado desarrolla el proyecto desde su concepto inicial, hasta las especificaciones de diseño para su construcción y/o rehabilitación de la infraestructura y equipamiento requerido, y establece desde los requerimientos a nivel de resultados financiando total o parcialmente el gasto de capital necesario.

Mas allá de los componentes del marco implementado para un APP, el sector privado debe contribuir con la buena administración del proyecto, teniendo en cuenta el uso eficiente de los recursos sin sobrecostos, retrasos, corrupción ni cargas inapropiadas para las generaciones futuras, la responsabilidad de los actores políticos sobre sus acciones ante la sociedad, transparencia, claridad, apertura en la toma de decisiones,  decencia, desarrollo e implementación de reglas sin dañar a las personas, imparcialidad en la aplicación de las reglas a todos los miembros de la sociedad y la intervención de todos los participantes.

Para su posible implementación, se requiere de la declaración de intención del gobierno para utilizar las APP como instrumento de política pública, ayudando a cerrar la brecha entre las necesidades de inversión e impulsar proyectos públicos de inversión en infraestructura y servicios con los pocos recursos públicos disponibles, e incluir las leyes y reglamentos que respaldan un programa de APP.

Así, las APPs intentan aprovechar las ventajas comparativas y el conocimiento que el sector privado tiene en el diseño y construcción de proyectos de infraestructura y servicios, como una manera eficiente de distribuir los riesgos que le atañen.

Este mecanismo suele generar un sistema de incentivos al sector privado entre los que destacan el ahorro en los costos de construcción y mantenimiento, y la mejor relación calidad-precio, contando así con un producto resultado de un proceso competitivo en la adjudicación del proyecto.

Así mismo,, el empaquetamiento de actividades a largo plazo del proyecto, implica que la APP si se diseña de manera adecuada puede generar los incentivos correctos para desarrollar un proyecto más eficiente con menores costos y esto, entre otras cosas, tiene un impacto fiscal sobre cualquier otro esquema de financiamiento tradicional al producir ahorros, y por tanto, generar espacio fiscal.

Las APPs intentan aprovechar las ventajas comparativas y el conocimiento que el sector privado tiene en el diseño y construcción de proyectos de infraestructura y servicios, así como una manera eficiente de distribuir los riesgos que le atañen al proyecto.

Los dos tipos de APPs que han sido utilizados por la mayoría de los países son los autofinanciables o concesiones y las cofinanciadas.

La implementación del tercer Proyecto Estratégico de nuestra propuesta de Plan Nacional de Piscicultura (Centros Piscícolas Regionales), pudiera encontrar en las APPs la herramienta idónea, rápida y confiable para dotar al país de la infraestructura, equipamiento e implementación tecnológica requerida para estos fines.

Si es aceptada, como supongo, la generación masiva de alimento de origen pesquero como un servicio nacional, bajo un acuerdo Minpesca – Sector Privado, pudiesen construirse los Centros Piscícolas regionales que el país requiere para facilitar la generación de las 500.000 toneladas que se estiman requerirá el país para el año 2030.

Sin embargo, en base en una evaluación desarrollada por el Economist Intelligence Unit, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Infrascope, después de haber evaluado la legislación existente, los reglamentos, las instituciones, el clima de inversiones y de negocios, las prácticas que afectan el entorno de las APP, así como el ritmo de desarrollo y la calidad de los proyectos, Venezuela ocupa la última posición.

Otrora quedaron las inversiones faraónicas con los dividendos que nos dejaba el petróleo. Atras quedaron las mega infraestructuras y mega proyectos auto financiados. El país debe adaptarse a una nueva realidad. Una realidad que ya no está a la vuelta de la esquina, sino que está tocando la puerta.

Adecuarnos a esta nueva realidad, adaptarnos, transformar leyes y reglamentos, y especialmente formas de pensar y hacer negocios se hace imperante para salir del largo y oscuro túnel por recorrer hasta volver a ver la luz brillante que todos queremos y merecemos.

Entre las categorías y subcategorías evaluadas para estimar la posición país en el referido índice destacan:

Regulaciones
1.1 Entorno legislativo propicio
1.2 Criterios de selección de las APP
1.3 Imparcialidad y transparencia de las licitaciones y los cambios en los contratos
1.4 Esquemas de conciliación
1.5 Registro de asignación de riesgos de los entes reguladores
1.6 Coordinación entre entidades gubernamentales
1.7 Renegociaciones
1.8 Sostenibilidad
2. Instituciones
2.1 Marco institucional de las APP
2.2 Estabilidad de una agencia específica para las APP
2.3 Recursos para la preparación de proyectos
2.4 Transparencia y rendición de cuentas
3. Madurez
3.1 Experiencia con contratos de APP en infraestructura
3.2 Riesgo de expropiación
3.3 Rescisión de contratos
4. Clima de inversiones y negocios
4.1 Efectividad política
4.2 Clima empresarial
4.3 Voluntad política
4.4 Clima de competencia en la industria local
5. Financiación
5.1 Riesgo de pago del Gobierno
5.2 Mercado de capitales para la financiación privada de infraestructura
5.3 Inversionistas institucionales y mercado de seguros
5.4 Riesgo cambiario

Fuente: BID, 2020: Asociaciones Público-Privadas: Retos, Lecciones aprendidas y Soluciones innovadoras en América Latina y el Caribe.


Germán Robaina G. es colaborador destacado de Mundo Agropecuario

Este trabajo fue enviado por el autor o autores para Mundo Agropecuario, en caso que se desee reproducir le agradecemos se destaque el nombre del autor o autores y el de Mundo Agropecuario, redireccionando hacia el artículo original.

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