Los empleados de una empresa que vendía pesticidas en los Países Bajos bajo un esquema criminal recibieron una multa y prisión por fraude con productos fitosanitarios.
El tribunal de Gelderland, Países Bajos, impuso una multa de 400.000 euros a la empresa Doetinchem, que lanzó productos fitosanitarios en el mercado local en violación de las normas europeas, según un comunicado en el sitio web del poder judicial holandés www.rechtspraak.nl .
La empresa también se declaró culpable de falsificación. El director de la firma, de 65 años, fue condenado a 12 meses de prisión. Un empleado de la empresa de 45 años fue condenado a 6 meses de libertad condicional con 120 horas de servicio comunitario.
En 2012, la Autoridad Holandesa de Seguridad de Alimentos y Productos de Consumo inició una investigación sobre dicha empresa.
La empresa importó grandes volúmenes de productos fitosanitarios de China e India, incluidos, y los llevó al mercado europeo. Algunos productos de la gama vendidos en la UE están sujetos a normas estrictas debido al riesgo potencial de daño a los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Por ejemplo, en los Países Bajos, una empresa debe tener permiso de la Junta de Autorización de Biocidas y Protección de Cultivos (Ctgb) para poder colocar un producto en el mercado.
Sin embargo, en base a la normativa europea, existe una normativa según la cual una empresa no está obligada a obtener dicha autorización si es probable que el producto esté destinado al tránsito a países fuera de la Unión Europea. En algunos casos, Doetinchem no transitó, sino que se vendió a la UE.
La empresa ha colocado en el mercado europeo una importante cantidad de plaguicidas, concretamente 4.850 kg y 36.200 litros de productos fitosanitarios no autorizados. El tribunal también considera probado que el director y el empleado de la empresa, en ocasiones junto con otras personas ajenas a la empresa, redactaron y utilizaron documentos falsificados. Esto incluye documentos de transporte, declaraciones de proveedores y certificados de origen. Estos documentos afirman incorrectamente que el producto en cuestión se fabricó en los Países Bajos. También se redactaron documentos, donde se reemplazaban los nombres de los productos por otros con el fin de ocultar el origen importado.
Al imponer sanciones, el tribunal asume que un jugador profesional, como una empresa y su director, deben cumplir con las reglas. Pero los empleados de la firma querían que los clientes estuvieran satisfechos a toda costa. Esto se hizo únicamente con fines económicos.
(Fuente: www.rechtspraak.nl.)
