Juan Farinati, presidente de Bayer Cono Sur, sostuvo que la propiedad intelectual y la seguridad jurídica condicionarán la inversión y la productividad agrícola hasta 2060
Redactor: Luis Ortega
Editor: Karem Díaz S.
La actualización del régimen de propiedad intelectual de las semillas volvió al centro del debate agropecuario en Argentina. Juan Farinati, presidente y director ejecutivo de Bayer Cono Sur, afirmó que las decisiones adoptadas en esta materia influirán sobre la incorporación de tecnología, la productividad y las inversiones agrícolas durante los próximos 30 o 40 años.
El ejecutivo presentó su posición el 26 de agosto de 2026 durante la undécima edición de Negocios del Campo, un encuentro organizado por LA NACION bajo el lema “Entre la tecnología y la transformación constante”. Allí sostuvo que la discusión no debería limitarse al cobro de regalías, sino considerar su posible efecto sobre la competitividad del sistema productivo hasta 2050 o 2060.
Farinati señaló que la legislación argentina sobre semillas tiene aproximadamente cinco décadas y consideró necesario establecer reglas previsibles para los productores, las empresas semilleras y los desarrolladores de genética. El Gobierno argentino busca avanzar en una actualización del sistema, aunque el diseño definitivo deberá conciliar los intereses de los distintos participantes de la cadena.
Propiedad intelectual y acceso a nuevas semillas
La propiedad intelectual aplicada a las semillas reconoce derechos sobre variedades y desarrollos obtenidos mediante investigación. Sus mecanismos pueden incluir regalías, licencias y condiciones para el uso de materiales protegidos, asuntos que suelen generar diferencias entre obtentores, multiplicadores, comercializadores y agricultores.
Para las compañías, una protección efectiva permite recuperar los recursos destinados a investigación y financiar nuevos programas de mejoramiento. Desde la perspectiva productiva, cualquier modificación también debe ofrecer claridad sobre el precio de las semillas, los derechos de uso, la fiscalización y las responsabilidades asumidas por cada parte.
Farinati sostuvo que la propiedad intelectual y la seguridad jurídica son dos condiciones fundamentales para atraer inversiones nacionales e internacionales. Según explicó, un marco estable podría ampliar la oferta tecnológica disponible y permitir que los agricultores elijan entre un mayor número de empresas, variedades y soluciones.
La actualización normativa, sin embargo, no garantiza por sí sola una mejora de los rendimientos. La respuesta productiva de una semilla depende también del ambiente, el suelo, las precipitaciones, la fertilización, el manejo sanitario, la rotación y la aplicación adecuada de las recomendaciones agronómicas.
Bayer estima una pérdida anual de US$ 3.000 millones en soja
Durante su intervención, el presidente de Bayer Cono Sur afirmó que Argentina pierde alrededor de US$ 3.000 millones al año en soja por no acceder a la tecnología más reciente. La cifra fue presentada como una estimación basada en un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario y debe entenderse como la valoración expuesta por el ejecutivo, no como un resultado garantizado de una reforma legal.
Farinati comparó la evolución de los rendimientos de la soja en Argentina y Brasil. De acuerdo con los datos que citó, el rendimiento promedio brasileño aumentó cerca de un 25% durante las últimas décadas, mientras el avance argentino fue inferior al 5%. Atribuyó parte de esa diferencia al nivel de inversión en genética, biotecnología y tecnologías aplicadas al cultivo.
El análisis puede involucrar otros factores productivos y económicos, por lo que la brecha entre ambos países no debe asignarse automáticamente a una sola causa. Las condiciones ambientales, la expansión hacia nuevas zonas, el manejo agronómico, la infraestructura y las políticas internas también pueden influir en la evolución de los rendimientos.
El ejecutivo agregó que las oportunidades asociadas con la innovación no se limitarían a la soja. Trigo, cebada, algodón, poroto y otros cultivos podrían beneficiarse de nuevos materiales, siempre que las tecnologías estén adaptadas a las necesidades regionales y resulten económicamente accesibles para los productores.
La agricultura argentina mira hacia una producción de 200 millones de toneladas
Farinati citó además un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, conocido como FADA, según el cual el país podría elevar su producción desde un rango de entre 120 y 130 millones de toneladas hasta aproximadamente 200 millones. Ese crecimiento potencial representaría unos US$ 25.000 millones adicionales por año en exportaciones si se establecen condiciones que mejoren la competitividad.
La proyección constituye un escenario condicionado y no una previsión asegurada. Alcanzar semejante volumen requeriría inversiones, infraestructura, disponibilidad de insumos, financiamiento, mercados externos, estabilidad regulatoria y mejoras sostenidas en los rendimientos.
El peso del sector en el comercio exterior respalda la relevancia del debate. Según los datos mencionados por Farinati, el 57% de las exportaciones argentinas del primer semestre de 2026 estuvo relacionado con la cadena agroindustrial.
La capacidad exportadora también depende de los volúmenes obtenidos y de la logística necesaria para movilizarlos. Durante agosto de 2026, por ejemplo, Argentina aceleró sus exportaciones mensuales de maíz después de una cosecha elevada y una mayor actividad comercial.
Del costo por hectárea al costo por tonelada
Otro eje planteado por Farinati fue el cambio en la forma de evaluar la eficiencia agrícola. El productor, sostuvo, necesita prestar mayor atención al costo por tonelada obtenida y no únicamente al desembolso realizado por hectárea.
Una estrategia que reduce la inversión superficial puede resultar menos rentable si provoca una caída desproporcionada del rendimiento. De manera inversa, un gasto mayor en genética, fertilización o protección del cultivo solo se justifica cuando la productividad adicional compensa el costo y el riesgo asumido.
Este enfoque exige revisar cuánto fertilizar, qué variedades utilizar, qué lotes arrendar y cómo organizar las rotaciones. Las decisiones deben basarse en presupuestos realistas, análisis de suelo, rendimiento esperado, disponibilidad de agua y diferentes escenarios de precios.
El acceso a semillas mejoradas también debe acompañarse con información técnica. Un material con mayor potencial genético no produce el mismo resultado en todos los ambientes, por lo que la elección debe considerar la región, la fecha de siembra, el ciclo, la respuesta sanitaria y las características de cada explotación.
El desafío de equilibrar inversión y derechos de los productores
Farinati pidió evitar que la discusión enfrente a los agricultores con las compañías semilleras. El desafío regulatorio consiste precisamente en construir un sistema que incentive la investigación sin generar incertidumbre sobre los derechos de uso ni cargas desproporcionadas para los establecimientos.
La previsibilidad también resulta necesaria para las empresas nacionales de mejoramiento, los semilleros multiplicadores, los distribuidores y las instituciones públicas de investigación. Una normativa duradera deberá definir con precisión cómo se reconocerán las innovaciones y cuáles serán los mecanismos de control.
La posición presentada por Bayer representa la mirada de una empresa directamente interesada en el mercado de semillas y protección de cultivos. Por esa razón, sus estimaciones y propuestas deben incorporarse a una discusión más amplia con productores, organizaciones rurales, compañías locales, especialistas, legisladores y organismos públicos.
El resultado del debate determinará cómo se distribuyen los costos y beneficios de la innovación. La capacidad de Argentina para elevar su productividad dependerá tanto de las nuevas tecnologías como de la calidad de las reglas, el acceso efectivo de los agricultores y la adaptación de cada desarrollo a las condiciones productivas del país.
Fuente referencial:
LA NACION
