Un estudio de la Universidad de Exeter advierte que el acuerdo de la OMC sobre subsidios pesqueros necesita normas complementarias con objetivos y responsabilidades claramente diferenciados
Redactor: Santiago Duarte
Editor: Karem Díaz S.
La comunidad internacional debería establecer varias normas jurídicas coordinadas, en lugar de confiar en un solo acuerdo para resolver todos los problemas que amenazan la sostenibilidad pesquera. Esta es la principal recomendación de un estudio de la Universidad de Exeter difundido el 18 de agosto de 2026, que examina el alcance del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La investigación, realizada por la jurista I-Ju Chen, sostiene que el acuerdo representa un avance relevante para frenar los incentivos económicos relacionados con la pesca ilegal y la explotación de poblaciones sobreexplotadas. Sin embargo, su diseño actual no cubre satisfactoriamente todos los factores que condicionan la conservación de los recursos pesqueros y la estabilidad de las comunidades que dependen de ellos.
Para la autora, las nuevas reglas deben tener mandatos específicos y complementarse tanto entre sí como con el derecho internacional del mar. Esta distribución permitiría asignar responsabilidades más precisas y facilitar la planificación, ejecución y evaluación de las medidas destinadas a recuperar las poblaciones de peces.
El acuerdo de la OMC necesita instrumentos complementarios
El Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca fue adoptado por los miembros de la OMC en junio de 2022 y entró en vigor el 15 de septiembre de 2025, después de alcanzar el número de aceptaciones requerido. Constituye el primer tratado de la organización que incorpora la sostenibilidad ambiental como objetivo central y establece prohibiciones vinculadas con determinadas ayudas públicas perjudiciales.
Entre sus disposiciones se encuentra la prohibición de conceder o mantener subsidios para embarcaciones u operadores involucrados en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. También contempla restricciones relacionadas con poblaciones sobreexplotadas y con actividades pesqueras desarrolladas en zonas de alta mar que no se encuentran sometidas a la competencia de una organización regional de ordenación pesquera.
La entrada en vigor del acuerdo ya había sido analizada por Mundo Agropecuario al abordar cómo la reducción de subsidios perjudiciales puede favorecer una pesca sostenible. El nuevo estudio reconoce ese potencial, pero advierte que un tratado concebido dentro de una institución orientada principalmente al comercio no puede asumir por sí solo todas las funciones necesarias para conservar los ecosistemas marinos.
Entre las limitaciones identificadas figura una formulación incompleta de las subvenciones pesqueras, especialmente en relación con ayudas como las destinadas al combustible. La investigación también señala la complejidad del mecanismo de solución de diferencias y el carácter voluntario de parte de la arquitectura internacional que regula las actividades de los Estados y de las flotas.
Reglas distintas para problemas pesqueros diferentes
La propuesta no consiste en reemplazar el acuerdo vigente, sino en construir un conjunto de instrumentos especializados. Cada norma tendría que responder a un objetivo concreto, como controlar ayudas que incrementan la capacidad de las flotas, combatir la pesca ilegal, impedir la explotación de poblaciones agotadas o fortalecer la actuación de las organizaciones regionales de ordenación pesquera.
Este modelo permitiría evitar que un único instrumento jurídico acumule funciones comerciales, ambientales, administrativas y de vigilancia difíciles de ejecutar de manera uniforme. También ayudaría a coordinar las competencias de la OMC con las obligaciones existentes en el derecho del mar y con los sistemas regionales encargados de administrar especies compartidas entre varios países.
La experiencia internacional muestra que la aplicación efectiva de controles puede producir resultados medibles. En la remota isla Heard, por ejemplo, las poblaciones de peces se recuperaron tras erradicarse la pesca ilegal y mantenerse una explotación regulada. Ese caso refuerza la importancia de combinar normas, vigilancia y gestión científica durante periodos prolongados.
Impacto sobre productores y comunidades costeras
La conservación de las poblaciones marinas no constituye únicamente un asunto ambiental. La disponibilidad de pescado sostiene ingresos rurales, empleo portuario, procesamiento de alimentos, comercio y seguridad alimentaria en numerosos países. Cuando los subsidios amplían artificialmente la capacidad pesquera, las embarcaciones pueden mantener su actividad incluso cuando disminuye la abundancia de los recursos.
La reducción de capturas afecta especialmente a los pescadores artesanales y a las poblaciones costeras que tienen menos capacidad financiera para desplazarse hacia otras zonas. La relación entre agotamiento pesquero y deterioro social se observa en África occidental, donde la sobrepesca extranjera ha debilitado los medios de vida de comunidades de Senegal.
La gestión también debe considerar las particularidades biológicas de cada recurso. Las poblaciones de especies aparentemente similares pueden conservar diferencias que modifican su respuesta a la explotación, como mostró una investigación sobre la diversidad y conectividad de las poblaciones de pargos. Por ello, las reglas internacionales requieren mecanismos que permitan incorporar evaluaciones científicas y decisiones regionales específicas.
Coordinación entre comercio, conservación y vigilancia
Chen considera que el acuerdo de la OMC ofrece una base valiosa porque relaciona la sostenibilidad ambiental con la estabilidad económica, la seguridad alimentaria y la salud de los océanos. Su enfoque sobre los subsidios permite intervenir directamente sobre uno de los factores que puede mantener flotas sobredimensionadas y acelerar el agotamiento de los recursos.
No obstante, la eficacia del sistema dependerá de que las normas internacionales definan claramente quién debe determinar la existencia de pesca ilegal, cómo se documenta el estado de una población y qué organismo supervisa las medidas adoptadas. La transparencia de los subsidios, el intercambio de información y la capacidad de vigilancia de los países en desarrollo serán componentes esenciales.
Las negociaciones de la OMC sobre disposiciones adicionales continúan abiertas. El análisis de Exeter plantea que ese proceso debe integrarse en una arquitectura jurídica más amplia, donde cada instrumento cumpla una función delimitada y las responsabilidades no queden concentradas en una sola institución internacional.
Fuentes referenciales:
Phys.org
Universidad de Exeter
Organización Mundial del Comercio
