Los productores de la Marjal de Pego-Oliva advierten que la retirada de sustancias activas sin alternativas eficaces reduce los rendimientos y dificulta el control de enfermedades y malas hierbas.
Redactor: Raúl Méndez C.
Editor: Karem Díaz S.
El cultivo de arroz en Pego, en la provincia española de Alicante, afronta la campaña de 2026 bajo una creciente presión sanitaria y productiva. Los agricultores denuncian que la retirada progresiva de productos fitosanitarios autorizados está limitando su capacidad para combatir plagas, enfermedades y malas hierbas en los arrozales del Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva.
La situación se enmarca en un problema que afecta al conjunto del sector arrocero español. Durante la 21ª Mesa Sectorial de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se informó de que en 2026 dejarán de estar disponibles otros 35 productos fitosanitarios, según la denuncia trasladada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.
Las organizaciones agrarias sostienen que la reducción de sustancias autorizadas no está siendo acompañada por alternativas agronómicas con una eficacia equivalente. Para los productores, el resultado es una menor capacidad de respuesta ante organismos perjudiciales que pueden reducir tanto el volumen como la calidad de la cosecha.
La piriculariosis vuelve a concentrar la preocupación en Valencia
Una de las amenazas más importantes para los arrozales de la Comunidad Valenciana es la piriculariosis, una enfermedad causada por el hongo Pyricularia oryzae. Bajo condiciones favorables de humedad y temperatura, el patógeno puede afectar hojas, tallos y espigas, comprometiendo el desarrollo de la planta y el llenado del grano.
El sector ha solicitado autorizaciones excepcionales para aplicar determinadas materias activas durante los periodos en los que los arrozales permanecen completamente sin agua. Esta fase, conocida localmente como eixugó, forma parte del manejo habitual del cultivo y permitiría, según los agricultores, realizar tratamientos sin presencia de lámina de agua.
La propuesta contempla limitar las aplicaciones a periodos concretos, con ausencia total de agua y bajo supervisión de los servicios de sanidad vegetal. Los productores argumentan que algunas de las sustancias solicitadas ya están autorizadas en otros países o para otros cultivos, pero no pueden emplearse actualmente en los arrozales valencianos.
La falta de herramientas para proteger el cultivo se produce en un contexto en el que el uso de fitosanitarios continúa siendo determinante para numerosos sistemas agrícolas españoles. Una reciente encuesta oficial mostró que los fungicidas y bactericidas concentran buena parte de los tratamientos agrícolas en España, especialmente en cultivos expuestos a enfermedades favorecidas por la humedad.
Las malas hierbas reducen el rendimiento de los arrozales
En Pego, el problema no se limita a los hongos. La disminución de herbicidas disponibles y la pérdida de eficacia de algunos tratamientos han favorecido la adaptación y resistencia de determinadas malas hierbas, que compiten con el arroz por espacio, nutrientes y luz.
Cuando las plantas invasoras crecen junto al cereal, el arroz puede presentar un menor desarrollo y una cosecha con más humedad e impurezas. Esta competencia también dificulta las labores de siega y reduce la cantidad de grano comercializable que finalmente recibe el productor.
El territorio ya ha experimentado campañas con pérdidas significativas vinculadas a estas dificultades. En temporadas anteriores, la sectorial del arroz de ASAJA Alicante estimó reducciones de producción de entre el 25 % y el 30 % en la variedad Bomba debido, entre otros factores, a la resistencia de las hierbas y a la limitación de herbicidas eficaces.
Frente a esta situación, los productores han probado técnicas como la siembra en seco, que permite controlar mejor la aparición inicial de malas hierbas antes de inundar las parcelas. El sistema contribuyó a mejorar los resultados en campañas recientes, aunque no elimina la necesidad de disponer de medidas eficaces ante enfermedades y plagas durante las distintas fases del cultivo.
El sector reclama alternativas antes de retirar sustancias activas
Las organizaciones agrarias aseguran que no cuestionan la necesidad de reducir los riesgos ambientales y sanitarios asociados con determinados productos. Su principal reclamación es que cada retirada vaya acompañada de opciones técnicas, biológicas o químicas capaces de mantener la protección de los cultivos.
El debate refleja el difícil equilibrio entre sostenibilidad ambiental y viabilidad agronómica. Una reducción mal planificada de materias activas puede dejar a los agricultores sin capacidad de reacción, mientras que un uso excesivo o incorrecto puede afectar el agua, los organismos no objetivo y la biodiversidad del entorno.
El manejo integrado de plagas en el cultivo del arroz combina monitoreo, prácticas culturales, control biológico y utilización selectiva de productos autorizados. Sin embargo, su aplicación requiere que existan soluciones disponibles para responder cuando las medidas preventivas no son suficientes.
La regulación europea de los insecticidas también atraviesa un periodo de revisión y mayor exigencia jurídica. El caso de la reautorización de la cipermetrina cuestionada por la justicia europea evidenció la necesidad de combinar evaluaciones rigurosas con certidumbre para los agricultores que planifican sus campañas.
Los drones siguen fuera del alcance habitual de los arroceros
Otra de las demandas del sector es la posibilidad de utilizar drones para aplicar tratamientos fitosanitarios de forma localizada. Las organizaciones agrarias consideran que estos equipos permitirían trabajar con mayor precisión, utilizar menores cantidades de producto y acceder a parcelas inundadas o difíciles de transitar con maquinaria convencional.
La normativa considera estas aplicaciones como tratamientos aéreos y restringe su uso general, aunque las comunidades autónomas pueden conceder autorizaciones excepcionales. Los agricultores denuncian que esta vía se ha limitado progresivamente y que la falta de una regulación específica impide aprovechar una tecnología que ya se encuentra disponible.
El empleo de drones para aplicar fitosanitarios de manera más precisa se estudia desde hace años como una opción para reducir deriva, compactación del terreno y exposición de los operarios. Su incorporación, no obstante, depende de autorizaciones, protocolos técnicos y productos expresamente habilitados para ese método de aplicación.
El cultivo sostiene la actividad y el paisaje de la Marjal
El arroz de Pego posee una importancia que supera el valor de la cosecha. Las parcelas se encuentran dentro de un humedal protegido donde la actividad agrícola contribuye al mantenimiento del paisaje, la gestión del agua y la conservación de una tradición productiva profundamente vinculada al territorio.
La principal variedad cultivada es el arroz Bomba, aunque la zona también recuperó el arroz Bombón, una variedad autóctona que había desaparecido durante décadas. Su reintroducción permitió diversificar la producción y ofrecer un grano diferenciado, adaptado a las condiciones de la Marjal y vinculado a la gastronomía alicantina.
La presión sanitaria se suma además a otros problemas que afectan al arroz español, entre ellos los costos de producción y la competencia de las importaciones. Los arroceros españoles han reclamado protección frente al producto importado a bajo precio, al considerar que llega al mercado comunitario bajo requisitos distintos de los exigidos a las explotaciones europeas.
Para los agricultores de Pego, mantener la producción dependerá de que la transición hacia métodos de menor impacto ambiental avance al mismo ritmo que la disponibilidad de soluciones eficaces. Sin herramientas suficientes, advierten, las pérdidas de rendimiento pueden terminar comprometiendo la continuidad de un cultivo que sostiene explotaciones familiares, actividad económica y valores ambientales dentro del parque natural.
Fuentes referenciales:
La Marina Plaza
Agronews Castilla y León
