El sector reclama nuevas reglas para semillas, mayor inversión, riego e infraestructura con el objetivo de elevar la cosecha nacional por encima de 200 millones de toneladas
Redactor: Raúl Méndez C.
Editor: Eduardo Schmitz
La brecha tecnológica en la producción de soja le costaría a Argentina alrededor de US$3.000 millones anuales, según una estimación presentada por Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur. El cálculo refleja la diferencia que existiría entre el valor actualmente obtenido por el cultivo y el que podría alcanzarse con genética más reciente, mejores semillas y mayor incorporación de tecnología.
El planteamiento fue expuesto durante una entrevista concedida a LA NACION, pero abre una discusión que trasciende la posición de una empresa: Argentina mantiene una de las mayores superficies sojeras del mundo y, pese a sus condiciones productivas, recibe menos inversiones en desarrollo genético que otros competidores.
Farinati vinculó esa diferencia con la protección de la propiedad intelectual de las semillas y propuso que el país adhiera al convenio internacional UPOV 1991. La cifra de US$3.000 millones corresponde a una estimación del ejecutivo de Bayer y no fue presentada en la entrevista como el resultado de una auditoría pública o un estudio independiente.
La soja argentina enfrenta una brecha genética
Argentina ocupa el tercer lugar mundial por superficie sembrada con soja, pero las compañías dedicadas al desarrollo de semillas concentran una parte mayor de sus inversiones en otros mercados. Según Farinati, Brasil posee aproximadamente tres veces más área sojera y, al comparar la inversión por cada millón de hectáreas, destina diez veces más recursos que Argentina.
La distancia no significa que el campo argentino carezca de investigación o capacidad productiva. La Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja analizó recientemente 88 variedades mediante más de 350 ensayos distribuidos en 66 localidades. Los resultados confirmaron que la genética explica entre el 50 % y el 60 % del aumento histórico del rendimiento.
El problema señalado por el sector semillero se relaciona con la velocidad a la que llegan nuevos materiales y con el incentivo económico para desarrollar variedades adaptadas a los ambientes argentinos. Mientras otros mercados renuevan su oferta con mayor frecuencia, los productores locales pueden quedar limitados a un catálogo menos actualizado.
La situación ya había sido identificada como una desventaja estructural de la soja argentina. La diferencia acumulada entre generaciones de semillas puede expresarse en menor rendimiento, adaptación incompleta a cada región y menos alternativas frente a enfermedades o condiciones climáticas adversas.
El debate sobre las semillas y el uso propio
La legislación argentina reconoce el derecho del agricultor a reservar parte de su cosecha como semilla para la campaña siguiente. Esta práctica, conocida como uso propio, tiene especial relevancia en cultivos autógamos como la soja y el trigo, cuyas semillas pueden reproducirse sin la pérdida inmediata de características que ocurre en determinados híbridos.
Desde la perspectiva de las empresas obtentoras, un sistema con bajo reconocimiento económico a la innovación reduce los recursos disponibles para investigación. En países como Brasil, Australia y Estados Unidos, los productores generalmente compran semillas nuevas o pagan regalías por la genética utilizada.
Argentina ha comenzado a modificar sus mecanismos de control. Una normativa reciente permite identificar variedades mediante análisis en puntos de entrega, como acopios y puertos, con el propósito de mejorar la trazabilidad. El nuevo control de semillas busca ordenar el uso de variedades y el reconocimiento de derechos.
Farinati sostuvo que la discusión no debería plantearse como un enfrentamiento entre productores y semilleros. El objetivo, según su posición, tendría que ser construir un mercado donde el agricultor pueda elegir entre más tecnologías y donde la inversión en mejoramiento reciba una compensación.
El planteamiento también requiere evaluar el impacto económico sobre los productores. Un sistema de regalías mal diseñado podría aumentar los costos, especialmente para explotaciones pequeñas o durante campañas con bajos precios y pérdidas climáticas. Las reglas deberán equilibrar el acceso a semillas, la libertad de elección y el financiamiento de la investigación.
UPOV 1991 aparece en el centro de la discusión
Bayer propone que Argentina adhiera al Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocida como UPOV 91. Este marco concede derechos más amplios a quienes desarrollan nuevas variedades y establece condiciones más estrictas para determinadas formas de reproducción y comercialización.
La posible adhesión requeriría decisiones legislativas y una revisión de la relación entre la Ley de Semillas, los derechos de los obtentores y el uso propio. No se trata solamente de reconocer la propiedad intelectual, sino de determinar quién paga, cuándo lo hace, cómo se fiscaliza y qué excepciones podrían establecerse.
El Gobierno argentino ya manifestó su intención de discutir una nueva ley de semillas junto con cambios impositivos para el campo. La eventual reforma tendrá consecuencias para productores, multiplicadores, semilleros, exportadores e instituciones públicas de investigación.
Farinati afirmó que Bayer, líder global en semillas de soja, abandonó ese negocio en Argentina debido al bajo nivel de inversión tecnológica del mercado. Una modificación del régimen de propiedad intelectual llevaría a la compañía a revisar una posible vuelta, aunque no anunció inversiones concretas ni fechas.
La productividad reemplaza a la lógica financiera
El sector agrícola argentino comienza a modificar la manera en que calcula sus decisiones, de acuerdo con el análisis presentado por el ejecutivo. Durante los años de inestabilidad macroeconómica, una parte importante de la gestión se concentró en las condiciones de compra, financiación, almacenamiento y venta.
Con una mayor estabilidad, el productor puede desplazar la atención hacia la cantidad obtenida por hectárea. Esto implica pasar del costo por superficie sembrada al costo por tonelada producida: una tecnología puede aumentar el gasto inicial, pero resultar conveniente si genera un incremento suficiente del rendimiento.
La decisión no depende únicamente de la semilla. Fertilización, control de malezas, sanidad, fecha de siembra, densidad y disponibilidad de agua determinan cuánto del potencial genético se convierte efectivamente en cosecha.
La historia productiva del cultivo muestra que la combinación de genética, manejo e innovación multiplicó los rendimientos de la soja. Ninguno de esos componentes produce por separado el mismo resultado que un paquete adaptado al ambiente.
La meta de 200 millones de toneladas
La cosecha argentina habría alcanzado un récord de 163 millones de toneladas, impulsada por buenos resultados en trigo y maíz y una campaña favorable de soja, según las cifras mencionadas durante la entrevista. Para superar los 200 millones, el sector necesitaría combinar aumentos de rendimiento con la incorporación responsable de nuevas áreas.
Farinati identificó dos motores principales: mayor utilización de tecnología y ampliación de la superficie rentable. La reducción de la presión impositiva puede permitir que determinados ambientes entren en producción, mientras que las semillas, la fertilización y el manejo pueden aumentar la cantidad obtenida en terrenos ya cultivados.
Argentina no podría extender su frontera agrícola al mismo ritmo que Brasil, pero dispone de regiones con potencial productivo condicionado por la infraestructura. El norte de la Patagonia fue citado como ejemplo de un territorio donde el riego podría habilitar nuevos desarrollos.
La expansión deberá considerar disponibilidad de agua, conservación de suelos y efectos territoriales. Incorporar superficie sin una evaluación adecuada puede trasladar costos ambientales y aumentar la vulnerabilidad frente a sequías.
Fertilizantes y logística condicionan el salto productivo
El aumento de la cosecha también depende del abastecimiento de fertilizantes. Cerca del 50 % del nitrógeno utilizado en Argentina procede de Omán y pasa por el estrecho de Ormuz, mientras que la totalidad del fósforo mencionado por Farinati proviene de Marruecos.
Esta dependencia expone al productor a conflictos internacionales, costos marítimos y variaciones de precios. El trigo y el maíz son particularmente sensibles al encarecimiento del nitrógeno, por lo que una suba del insumo puede reducir las dosis aplicadas y limitar el rendimiento.
La infraestructura constituye otro componente del costo por tonelada. Caminos rurales, ferrocarriles, puertos, almacenamiento y distancia hasta los mercados determinan cuánto del valor generado permanece en la explotación.
Farinati también señaló los impuestos nacionales, provinciales y municipales, las regulaciones y los tiempos de aprobación de nuevos productos como factores de competitividad. El tipo de cambio influye, pero no reemplaza las mejoras estructurales en logística, productividad y acceso tecnológico.
Argentina exporta granos con poco valor agregado
Otro desafío consiste en transformar una mayor proporción de la cosecha antes de exportarla. Argentina vende al exterior cerca del 60 % de su producción de maíz como grano, según los datos aportados en la entrevista, mientras Brasil exporta alrededor del 25 % y Estados Unidos el 12 %.
El resto puede destinarse a carne, leche, huevos, biocombustibles y otros productos capaces de generar más actividad económica por tonelada. El crecimiento agrícola, por tanto, no depende únicamente de producir más, sino de desarrollar cadenas que utilicen localmente las materias primas.
La meta de 200 millones de toneladas requiere reglas estables durante periodos más extensos que una campaña. El desarrollo de una nueva semilla puede demandar una década de investigación, ensayos, registros y multiplicación antes de llegar al mercado.
Como ejemplo, Bayer comenzó en 2018 el desarrollo para Argentina de un híbrido de maíz de baja estatura que prevé lanzar comercialmente en 2027. Su menor altura busca reducir el riesgo de quiebre y permitir el ingreso de maquinaria para fertilizar en etapas más avanzadas.
La cifra de US$3.000 millones exige una evaluación transparente
La estimación de pérdidas coloca una magnitud económica sobre la brecha tecnológica, pero necesita una metodología pública para determinar qué proporción corresponde a genética, manejo, clima, precios o restricciones comerciales.
Una evaluación independiente podría comparar rendimientos por ambiente, variedades disponibles, costos de regalías y resultados observados en países competidores. También debería separar el rendimiento potencial de la ganancia económicamente alcanzable por los productores.
La información disponible confirma que la mejora genética aporta una parte sustancial del aumento de productividad. Sin embargo, no todo el diferencial con Brasil puede atribuirse exclusivamente a la propiedad intelectual: influyen el clima, la fecha de siembra, los suelos, la fertilización, la infraestructura y las condiciones de mercado.
El desafío para Argentina consiste en diseñar reglas que atraigan inversión sin restringir de manera desproporcionada el acceso a las semillas. La discusión involucra el reparto del valor generado por la innovación y la capacidad del país para convertir su superficie agrícola en mayor producción, ingresos y exportaciones.
Fuente referencial:
LA NACION
