Una pareja de Lleida (España) pide una indemnización de un millón de euros tras dos años de investigación por una cosecha de cáñamo industrial con THC por debajo del límite psicoactivo
Redactor: Raúl Méndez C.
Editor: Eduardo Schmitz
Dos agricultores de Lleida han presentado una reclamación patrimonial contra el Estado español por las pérdidas causadas tras la inmovilización de una cosecha de cáñamo industrial que la policía confundió con marihuana.
La pareja, Anna y Albert, reclama un millón de euros después de permanecer investigada durante dos años por un presunto delito contra la salud pública. “Nos han tratado de narcotraficantes”, denunció Anna al describir el impacto económico y personal del caso.
Una empresa legal para cultivar cáñamo industrial
Los agricultores constituyeron en 2022 una sociedad dedicada al cultivo y comercialización de cáñamo industrial. Su actividad incluía el cultivo de plantas para fibras textiles, el comercio al por mayor de flores y plantas y otras operaciones agrícolas vinculadas a semillas o productos vegetales.
La pareja compró una partida de 40.000 semillas de Cannabis sativa y las sembró en una finca de algo más de cuatro hectáreas en Juneda, en la provincia de Lleida. El caso se enmarca en un cultivo que vuelve a ganar interés productivo, aunque exige planificación, trazabilidad y control técnico, como ocurre con el cáñamo industrial.
El paquete que activó la investigación
La investigación comenzó en marzo de 2023, cuando los Mossos d’Esquadra interceptaron un paquete de 30 kilos de cáñamo que los agricultores habían enviado como muestra comercial. A partir de esa actuación, un juzgado de Lleida abrió diligencias por presunto delito contra la salud pública.
La causa provocó la inmovilización de toda la cosecha almacenada para su posterior comercialización. El material quedó retenido durante dos años en unas naves de secado, hasta mayo de 2025, mientras avanzaba la investigación judicial.
La confusión entre cáñamo industrial y cannabis psicoactivo muestra la importancia de distinguir usos, variedades, destino comercial y contenido de THC. Esa diferenciación también aparece en otros análisis sobre manejo agronómico del cannabis, donde la trazabilidad y el control técnico son decisivos.
El informe de Toxicología
En octubre de 2024, el Instituto Nacional de Toxicología analizó 29 muestras de cogollos y ramas intervenidos por los Mossos d’Esquadra por encargo del juzgado.
El informe concluyó que las plantas tenían como máximo un 0,2% de THC, por debajo del 0,3% que el Tribunal Supremo toma como referencia para considerar que el cáñamo tiene efectos psicoactivos. Con ese resultado, las sustancias intervenidas no podían considerarse estupefacientes.
La causa fue archivada el 28 de mayo de 2025, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía. Para entonces, la cosecha llevaba dos años paralizada y ya no podía comercializarse en las condiciones previstas inicialmente.
Una cosecha deteriorada y ventas frustradas
Cuando los agricultores recuperaron la producción, alegan que el material se había deteriorado por hongos, moho y otros contaminantes microbiológicos. Su abogado sostiene que la inmovilización no solo impidió la venta temporal, sino que frustró operaciones comerciales ya proyectadas.
La reclamación patrimonial cifra los perjuicios en 1.063.951 euros, sin incluir daños morales que podrían derivarse de los hechos. El cálculo incluye pérdida de cosecha, pérdida de ventas, ruptura de confianza comercial y daño reputacional para la empresa.
El episodio también plantea un problema de seguridad jurídica para cultivos industriales emergentes. Cuando una cosecha legal queda bloqueada durante años, el productor asume un riesgo económico comparable al de otras actividades agrícolas afectadas por pérdida de campaña, como sucede en casos de agricultura por contrato.
Un cultivo con potencial, pero con barreras
El cáñamo industrial se utiliza para fibras, materiales, aceites, semillas y otros productos vegetales. Su potencial agrícola depende del destino de la producción, la variedad sembrada, la trazabilidad de la semilla y el cumplimiento de límites legales de THC.
En los últimos años, el cultivo ha sido presentado como una alternativa para diversificar explotaciones, aunque no está libre de obstáculos. La regulación, la falta de claridad administrativa y la necesidad de canales comerciales estables siguen condicionando su desarrollo.
También existen experiencias orientadas a usos industriales y ambientales, como la combinación de cáñamo y chopo en España, que muestran el interés por integrar esta planta en modelos productivos distintos a los cultivos tradicionales.
Reclamación al Ministerio de Justicia
La pareja reclama al Estado por responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia. Su argumento principal es que la actuación policial y judicial paralizó una actividad legal, destruyó la viabilidad comercial de la cosecha y causó un perjuicio económico directo.
El caso no cuestiona la obligación de controlar posibles cultivos ilegales, sino el efecto que puede tener una investigación prolongada cuando el producto intervenido resulta estar por debajo del umbral legal de psicoactividad.
Para los agricultores, el daño no se limita a la cosecha perdida. La imputación por delito contra la salud pública habría afectado la confianza de compradores y la continuidad futura de la empresa, en un sector donde la reputación comercial y la documentación técnica son esenciales.
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