Por Brenda Ribeiro
Dirigente político venezolana, defensora de los agricultores, Coordinadora de Granitos de Esperanza.
La demagogia ha sido una constante durante 27 años en Venezuela por parte de quienes ocupan el poder por la fuerza. Nunca han ofrecido soluciones reales a los problemas de los productores. Justo eso es lo que se está viviendo ahora en el campo venezolano.
Tras más de dos décadas de políticas que desmantelaron la producción agropecuaria, el régimen se ha dedicado a lanzar alocuciones desde fincas, “peregrinaciones” rurales y a aprobar “Leyes para el Café y el Cacao” que no son más que la profundización del socialismo que provocó expropiaciones, caos, cierre técnico de fincas y de empresas del agro. Esto hay que tenerlo presente y denunciarlo sin descanso, porque su estrategia es precisamente que la gente olvide, como si pudieran maquillar la realidad con una campaña propagandística.
Un ejemplo claro de esa destrucción en el campo (que debemos mantener en nuestra memoria individual y colectiva) es lo ocurrido con Agroisleña, empresa venezolana fundada en 1958 por Enrique Fraga Afonso en Trujillo. Para 2010, Agroisleña atendía cerca del 70% del mercado de insumos agrícolas, operaba con más de 80 sucursales y 8 silos, empleaba directamente entre 1.800 y 2.500 trabajadores y apoyaba a unos 20.000 productores con insumos, asistencia técnica personalizada y financiamiento a crédito flexible (60-120 días, pagadero con la cosecha). Incluso refinanciaba ante pérdidas climáticas. La empresa financiaba a unos 3.000 agricultores que producían alrededor de 800.000 toneladas de maíz al año, según declaraciones de diversos expertos del sector primario en el país.
En octubre de 2010 el régimen la expropió y la convirtió en Agropatria. Esa acción nefasta provocó escasez de insumos, precios disparados (las semillas de papa subieron hasta un 700% en pocos meses), pérdida de crédito flexible para los agricultores familiares y una caída general de la productividad de alimentos en el país.
En las últimas semanas, voceros del régimen han admitido públicamente que la expropiación de Agroisleña fue un “error” y un “desastre”. Sin embargo, ese reconocimiento llega 16 años después y acompañado de una campaña comunicacional llena de manipulación y mentiras, con el objetivo de “reconectar” con la población de las zonas rurales.
Demagogia en estado puro: reconocer el daño buscando rédito político.
Mientras tanto, la realidad desmiente la campaña del régimen, puesto qué al mismo tiempo que aprueban leyes de café y cacao y realizan visitas propagandísticas, las asociaciones de productores a nivel nacional denuncian importaciones masivas de arroz (más de 300.000 toneladas, principalmente de Brasil) que están entrando en plena cosecha nacional. Esto ha saturado el mercado, provocado caídas de hasta 35% en los precios al productor nacional y dejado cosechas sin salida, principalmente en los estados Portuguesa y Guárico.
Quienes ocupan el poder por la fuerza han pasado 27 años prometiendo soberanía alimentaria, mientras su objetivo real ha sido siempre quebrar a los productores locales, tal como lo hicieron hace 16 años con Agroisleña y los miles de agricultores que financiaba. Todo ello, porque las importaciones resultan mucho más lucrativas para su grupo.
En Venezuela, los indicadores de la crisis persisten en todo el sector: más de 5 millones de hectáreas expropiadas e improductivas, infraestructura rural colapsada (puentes caídos, vías destruidas y canales de riego convertidos en piscinas improvisadas), inseguridad jurídica (amenaza constante de invasiones) e inseguridad personal (extorsión y secuestros). En el caso del café, los intermediarios pagan a precios irrisorios en las fincas, mientras las torrefactoras limitan la compra a dos quintales por productor. Y lo más absurdo económicamente: el Estado gasta entre 2.500 y 3.000 millones de dólares anuales en importar alimentos, cuando Fedeagro estima que bastarían 1.500 millones de dólares anuales durante 5 o 6 años en inversión real para recuperar el sector de forma sostenida.
Por todo esto, no importa cuánta propaganda haga el régimen desde el campo, desde fincas y disfrazados de vaqueros. Los agricultores y ganaderos venezolanos lo tienen claro, y la ciudadanía también: no quieren más demagogia, promesas vacías ni reconocimientos de errores tardíos.
El sistema agroalimentario nacional requiere:
– Estado de derecho
– Reglas claras para producir en toda la cadena
– Seguridad jurídica y personal
– Políticas públicas de estímulo a la producción
– Financiamiento, crédito privado,
– Reconstrucción de la infraestructura,
– Prioridad a la producción nacional sobre las importaciones.
Todo ello solo será posible con elecciones realmente libres y limpias, donde cada productor y cada venezolano pueda expresarse en las urnas sin manipulación ni chantajes, con la garantía absoluta de que su voluntad no será robada, como ocurrió el pasado 28 de julio.
Es momento de exigir ( desde el campo a la ciudad, en cada rincón del país y en cada rincón del mundo donde haya un venezolano) que haya una elección presidencial libre, solo las elecciones libres nos llevaran a soluciones estructurales en el sector primario y en toda Venezuela.
El productor venezolano merece una tierra de gracia
Brenda Ribeiro es colaboradora destacada de Mundo Agropecuario
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