La asociación de la industria de productos fitosanitarios post-patente subraya que la confusión regulatoria en España, donde se están mezclando dos conceptos jurídicos distintos del Reglamento (CE) n.º 1107/2009, está incrementando los costes de producción de los agricultores europeos y perjudicando la competitividad agrícola.
BRUSELAS, BÉLGICA – 11 DE JUNIO DE 2026 – European Crop Care Association (ECCA), que representa a la industria europea de productos fitosanitarios post-patente, ha puesto de relieve la confusión regulatoria que enfrentan los agricultores españoles para acceder a productos fitosanitarios post-patente más asequibles y el impacto que ello tiene sobre la competitividad agrícola.
La interpretación que hace España de las normas sobre protección de datos está generando confusión regulatoria al mezclar dos conceptos jurídicos distintos – el Artículo 59 y el Artículo 63 – del Reglamento (CE) n.º 1107/2009. Las autoridades españolas están bloqueando el acceso a productos fitosanitarios post-patente al interpretar el Artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1107/2009, que concede temporalmente a los titulares el derecho de impedir que un ensayo o estudio sea utilizado en beneficio de otro solicitante, como si estuviera vinculado al Artículo 63, que en realidad se refiere a la confidencialidad de información empresarial genuinamente sensible.
En particular, esta confusión limita el acceso de los agricultores españoles a productos fitosanitarios post-patente más asequibles, incrementando los costes de producción y reduciendo la competitividad agrícola.
“En medio de la actual confusión regulatoria, España está utilizando de facto la protección de datos como base para restringir el acceso a información regulatoria y retrasar la autorización de productos fitosanitarios post-patente, incluso cuando el periodo legal de protección podría haber expirado”, declaró Paolo Marchesini, Director General de ECCA. “Esta interpretación va más allá de la intención original del legislador y crea barreras – y costes – innecesarios para las explotaciones agrícolas de toda Europa. No podemos permitir que los agricultores tengan las manos atadas a la espalda.”
“Desde la creación de ECCA, nuestro mensaje ha sido claro: los agricultores europeos no deberían ser tratados de manera diferente dependiendo de cómo cada Estado Miembro interprete la misma legislación”, añadió Marchesini. “El paquete Omnibus [de Simplificación de la Seguridad Alimentaria y de Piensos] representa una oportunidad largamente esperada para establecer un marco regulatorio armonizado para los productos fitosanitarios post-patente, eliminando las barreras intraeuropeas del mercado y garantizando un acceso justo e igualitario a la protección de cultivos para todos los agricultores europeos.”
Las consecuencias económicas para los agricultores en España y en toda Europa
España es uno de los productores agrícolas más importantes de Europa, con agricultores que cultivan una amplia variedad de cultivos, entre ellos olivos, vides, cítricos, hortícolas y cereales. Es el mayor productor de frutas y hortalizas de Europa, representando alrededor de una cuarta parte de la producción total de la UE, y también es el mayor productor mundial de aceite de oliva (Comisión Europea, Consejo Oleícola Internacional). Al mismo tiempo, la agricultura española está cada vez más expuesta a desafíos relacionados con el clima, como sequías prolongadas, aumento de las temperaturas y nuevas presiones derivadas de plagas.
En este contexto, el acceso oportuno a productos fitosanitarios eficaces y con precios competitivos es esencial para mantener la productividad y proteger la competitividad de uno de los sectores exportadores más importantes de España. Restringir el acceso a productos fitosanitarios post-patente reduce la disponibilidad de alternativas de menor coste y puede hacer que los agricultores dependan más de productos más caros, aumentando aún más la presión derivada de la inflación alimentaria, los costes de los fertilizantes, los precios de la energía y la inestabilidad geopolítica general.
Las consecuencias económicas también son significativas para la industria de productos fitosanitarios post-patente. Los periodos de protección de datos poco claros o prolongados artificialmente pueden incrementar el coste de preparación de un expediente de producto en una media aproximada de 3,7 millones de euros. ECCA estima que, solo para sus miembros, podrían evitarse alrededor de cuatro expedientes de este tipo cada año, lo que representa aproximadamente 14,8 millones de euros anuales en costes innecesarios.
Comunicado de Prensa
