Un total de 249.376 agricultores recibirán los fondos durante la primera semana de septiembre para compensar el encarecimiento de estos insumos
Redactor: Javier Morales O.
Editor: Eduardo Schmitz
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España abonará 494,5 millones de euros a 249.376 agricultores mediante la ayuda extraordinaria creada para compensar el aumento del costo de los fertilizantes. Los ingresos están previstos para la primera semana de septiembre de 2026.
Los productores incluidos en este pago aparecían en la primera relación parcial de posibles beneficiarios, publicada el 6 de julio, y aceptaron expresamente la ayuda dentro del plazo habilitado. La transferencia total anunciada asciende con exactitud a 494.572.001,72 euros.
La medida forma parte del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, aprobado mediante el Real Decreto-ley 7/2026. El Gobierno español atribuye la intervención al encarecimiento de los fertilizantes provocado por el conflicto y sus efectos sobre la energía, las materias primas y las rutas comerciales.
Los pagos alcanzarán más de 9,5 millones de hectáreas
La primera operación de pago cubre 9.564.410,84 hectáreas agrícolas. De esa superficie, aproximadamente 7,2 millones corresponden a cultivos de secano y 2,36 millones a regadío.
Las explotaciones de secano recibirán en conjunto unos 276 millones de euros, mientras que los cultivos de regadío concentrarán cerca de 218,5 millones. El importe se determina por hectárea elegible, con un límite máximo de 300 hectáreas para cada beneficiario.
La ayuda alcanza hasta 38,33 euros por hectárea de secano y 92,50 euros por hectárea de regadío. Cuando una explotación supera el límite admisible, se priorizan las superficies regadas para efectuar el cálculo.
No se conceden pagos inferiores a 100 euros. Las cuantías también pueden ajustarse en función de la disponibilidad presupuestaria, aunque los importes anunciados para este primer grupo ya corresponden a los agricultores que completaron el procedimiento de aceptación.
Castilla y León y Andalucía concentran los mayores importes
Castilla y León recibirá la mayor cantidad dentro de esta operación, con algo más de 117 millones de euros distribuidos entre 32.893 titulares. La superficie reconocida en esa comunidad supera los 2,44 millones de hectáreas.
Andalucía encabeza el número de beneficiarios, con 87.674 agricultores y un pago conjunto cercano a 112,9 millones de euros. Sus explotaciones incluidas en el cálculo suman alrededor de 2,13 millones de hectáreas.
Castilla-La Mancha recibirá aproximadamente 98,7 millones de euros para 42.867 titulares. Aragón tendrá asignados 54,5 millones, Extremadura 33,16 millones y Cataluña 27,3 millones.
Las cantidades restantes se distribuyen entre Comunidad Valenciana, Navarra, Murcia, La Rioja, Madrid, Galicia, País Vasco, Baleares, Canarias, Asturias y Cantabria. La variación territorial depende del número de titulares, las superficies admisibles y la proporción entre secano y regadío.
Otros 9.362 expedientes continúan pendientes
El anuncio no cierra la tramitación de esta línea extraordinaria. Otros 9.362 posibles beneficiarios tienen pendiente resolver alguna duda o gestión administrativa antes de poder percibir el apoyo.
Además, 1.290 agricultores incluidos en la relación inicial comunicaron su renuncia. El Ministerio tiene previsto publicar nuevos listados durante las próximas semanas, por lo que el número final de receptores será superior al correspondiente a esta primera operación.
El Fondo Español de Garantía Agraria indicó que las relaciones parciales tienen inicialmente carácter informativo. La inclusión en un listado de posibles beneficiarios no genera por sí sola el derecho económico hasta que se complete la aceptación y se publique la resolución de concesión.
Este procedimiento es importante para los productores que aún no aparecen en las relaciones. El FEGA recomienda consultar las publicaciones sucesivas y esperar hasta que la Administración comunique que no se elaborarán nuevos listados.
La ayuda se concede de oficio y no requiere solicitud
Los agricultores no deben presentar una solicitud convencional para acceder a la medida. El Ministerio identifica de oficio a los titulares que cumplen los requisitos mediante la información disponible en los registros agrarios y en las bases de datos de la Política Agraria Común.
Pueden ser beneficiarias las personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que fueron elegibles para recibir ayudas directas de la PAC en 2025 y declararon tierras de cultivo o cultivos permanentes. Quedan fuera del cómputo las superficies de barbecho y los pastos temporales.
También pueden acceder titulares que no percibieron ayudas directas de la PAC, siempre que estuvieran inscritos en los registros autonómicos de explotaciones agrarias y hubieran declarado al menos 5.000 euros de ingresos agrarios durante el ejercicio fiscal de 2024.
Para los perceptores de la PAC, la superficie se obtiene de la declaración correspondiente a la campaña de 2025. En el caso de quienes no solicitaron esos pagos directos, se utiliza la información que figuraba en los registros autonómicos a 31 de mayo de 2025.
Los beneficiarios deben acreditar la compra de fertilizantes
La aceptación expresa implica declarar que se compraron o se comprarán fertilizantes después del 1 de marzo de 2026 para utilizarlos en la explotación beneficiaria. Las cantidades aplicadas deben ser coherentes con los objetivos productivos y con las normas de nutrición sostenible de los suelos agrarios.
Los titulares están obligados a conservar las facturas de compra durante diez años desde la concesión. La Administración podrá solicitar esos documentos y examinar los registros correspondientes del cuaderno de explotación.
Esta condición vincula el pago con una utilización agronómica concreta y permite comprobar que los fondos se destinan al insumo cuyo encarecimiento se pretende compensar. La ayuda no elimina la necesidad de ajustar la fertilización a los análisis del suelo, el cultivo y el rendimiento esperado.
La presión sobre este insumo ya había llevado a la Unión Europea a aprobar 540 millones de euros en apoyos para agricultores afectados por la crisis, de los cuales España tiene asignados algo más de 50,17 millones.
El presupuesto aumentó hasta 665 millones de euros
El plan español reservó inicialmente 500 millones de euros para la compra de fertilizantes. El Real Decreto-ley 18/2026, aprobado a finales de junio, añadió 165 millones y elevó el presupuesto total de esta línea hasta 665 millones.
La ampliación también permitió incrementar los importes máximos por hectárea. El Gobierno busca evitar que los productores reduzcan la fertilización por razones económicas, una decisión que podría afectar el rendimiento, la calidad de las cosechas y los costos de los alimentos.
El mercado había registrado una fuerte tensión por el conflicto en Oriente Medio y las perturbaciones en el estrecho de Ormuz. La situación impulsó el precio de los fertilizantes y la presión sobre el campo español, especialmente en explotaciones dependientes de insumos nitrogenados.
Parte de los precios internacionales comenzó posteriormente a moderarse, como reflejó la bajada de determinados fertilizantes nitrogenados después de meses de tensión. Sin embargo, la evolución no ha sido uniforme y los valores continúan expuestos al gas natural, las restricciones comerciales, los costos marítimos y la disponibilidad regional.
La dependencia europea añade una dimensión estructural al problema. Según datos expuestos por el Ministerio, el 49 % de la urea y el 30 % del amoniaco utilizados como referencia para el abastecimiento internacional transitan por el estrecho de Ormuz, una concentración que incrementa la vulnerabilidad ante interrupciones.
El apoyo agrario y pesquero suma 1.107 millones
La ayuda para fertilizantes integra dos paquetes de medidas dirigidos a reducir los efectos del conflicto sobre la agricultura y la pesca. El presupuesto conjunto de los apoyos específicos para ambos sectores alcanza 1.107 millones de euros.
El programa también se enmarca en el mecanismo temporal de ayudas adoptado por la Comisión Europea ante la crisis de Oriente Próximo. El periodo admisible se extiende desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2026.
Para los agricultores incluidos en el primer pago, el siguiente paso será comprobar el ingreso previsto en septiembre y mantener organizadas las facturas y anotaciones exigidas. Los expedientes aún pendientes deberán seguir las comunicaciones del FEGA, ya que las próximas relaciones ampliarán la cobertura dentro del presupuesto disponible.
Fuentes referenciales:
La Moncloa
Fondo Español de Garantía Agraria
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España
