Un estudio sobre el sistema histórico de riego de Mula, en Murcia, atribuye una mejora cercana al 6 % al reemplazo de las subastas en 1966
Redactor: Javier Morales O.
Editor: Karem Díaz S.
El reemplazo de las subastas de agua por cuotas fijas elevó aproximadamente un 6 % la productividad agrícola en Mula, una comunidad de la Región de Murcia, en el sureste de España, según una investigación de las universidades de Miami y Yale. El estudio concluye que la falta de liquidez impedía a los agricultores con menos recursos obtener riego durante los periodos decisivos para sus cultivos.
Javier Donna, profesor asociado de Economía de la Escuela de Negocios Patti y Allan Herbert de la Universidad de Miami, y José Espín-Sánchez, profesor asistente de Economía de la Universidad de Yale, examinaron un mercado cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. Sus resultados fueron publicados en la revista Review of Economic Studies.
Durante siglos, los productores de Mula acudieron a subastas públicas semanales para comprar derechos de riego. El mecanismo parecía asignar el recurso a quienes ofrecían pagar más, pero el análisis histórico indica que la capacidad inmediata de pago pesaba más que las necesidades agronómicas de las parcelas.
Los agricultores con menos liquidez perdían las subastas
La investigación encontró que los propietarios con mayor disponibilidad de dinero podían superar las ofertas de los productores con menos recursos durante las etapas críticas de crecimiento. Esa diferencia no respondía necesariamente a que sus cultivos fueran más productivos o necesitaran más agua.
Los agricultores analizados cultivaban los mismos tipos de árboles bajo condiciones ambientales semejantes. Por tanto, las necesidades hídricas estaban determinadas principalmente por la biología de las plantas y el momento del ciclo productivo, no por el patrimonio de sus propietarios.
Esta característica permitió a los economistas distinguir entre una menor demanda voluntaria y una restricción financiera. Los productores pobres no dejaban de comprar agua porque la valoraran menos, sino porque no tenían suficiente efectivo cuando la competencia elevaba los precios.
El resultado cuestiona la idea de que una subasta siempre dirige un recurso hacia su uso más productivo. Cuando los participantes no compiten con condiciones financieras comparables, la oferta ganadora puede reflejar la liquidez disponible y no el rendimiento agrícola esperado.
Comprar agua fuera del momento óptimo fue una estrategia defensiva
Los productores con restricciones económicas adaptaron sus compras al funcionamiento del mercado. Adquirían agua antes o después de los periodos decisivos para el desarrollo de los árboles, cuando las pujas eran más bajas, porque anticipaban que no podrían competir durante los momentos de mayor demanda.
Los agricultores con más recursos, en cambio, podían comprar derechos de riego cuando los cultivos más los necesitaban. Esta diferencia temporal afectaba el aprovechamiento productivo del agua, aunque los participantes menos capitalizados actuaran racionalmente dentro de sus posibilidades.
La situación presenta semejanzas con las decisiones de agricultores que venden sus cosechas por necesidades inmediatas de efectivo. En ambos casos, una limitación financiera modifica el momento de la operación y puede impedir que el productor elija la alternativa agronómica o comercialmente más conveniente.
Mula sustituyó las subastas por cuotas fijas en 1966
El municipio abandonó el sistema de pujas en 1966 y comenzó a distribuir el agua mediante cuotas. El nuevo esquema seguía modelos empleados en otras partes del sureste español y proporcionó a los investigadores una oportunidad para comparar el desempeño productivo antes y después del cambio.
El análisis atribuyó al reemplazo de las subastas una mejora cercana al 6 % en la productividad agrícola. El resultado fue contrario a la expectativa inicial de los autores, quienes habían comenzado el trabajo suponiendo que el mercado superaría a una asignación mediante cuotas.
Las cuotas limitaron la influencia del efectivo disponible sobre el acceso al riego. Al recibir una asignación estable, los agricultores pudieron utilizar el agua de acuerdo con las necesidades de sus cultivos sin enfrentarse cada semana a propietarios con mayor capacidad para elevar las ofertas.
El estudio no sostiene que las cuotas sean superiores en cualquier mercado de agua. Su conclusión es más específica: cuando la desigualdad financiera impide competir en igualdad de condiciones, una subasta puede asignar el recurso al participante con más dinero y no necesariamente a quien pueda obtener un mayor resultado productivo.
Una década de trabajo con archivos históricos
Donna y Espín-Sánchez comenzaron el proyecto cuando eran estudiantes de doctorado en la Universidad Northwestern. La investigación tardó más de diez años e incluyó la digitalización manual de registros de subastas, padrones fiscales y documentos financieros acumulados durante siglos.
La combinación de esos archivos permitió reconstruir quién compraba el agua, en qué momentos lo hacía y cuál era su posición económica. Los investigadores contrastaron esta información con las necesidades comunes de los cultivos para identificar el efecto de las restricciones de liquidez.
El valor del archivo de Mula reside en la duración del sistema y en la transición claramente documentada hacia las cuotas. La extensa serie histórica permitió estudiar un problema que también afecta a los mercados rurales actuales: dos productores pueden necesitar el mismo recurso, pero no disponer de la misma capacidad para financiarlo cuando resulta indispensable.
La escasez puede ampliar la brecha entre productores
Los autores advierten que las implicaciones del estudio superan el caso murciano. La intensificación de la escasez hídrica está llevando a distintas regiones a considerar precios, intercambios y subastas como instrumentos para distribuir suministros cada vez más limitados.
Cuando el agua escasea, su precio aumenta. Ese encarecimiento puede ampliar la distancia entre explotaciones capitalizadas y agricultores que trabajan con márgenes reducidos, especialmente si estos últimos carecen de crédito oportuno o deben atender simultáneamente gastos de insumos, mano de obra y mantenimiento.
Las explotaciones familiares suelen contar con menor capacidad para absorber pérdidas provocadas por sequías y restricciones de recursos. Por ese motivo, las políticas de apoyo necesitan reconocer cuándo el principal obstáculo es económico, como señalan los análisis sobre la identificación de necesidades entre pequeños productores.
Una tarifa o subasta puede incentivar el ahorro de agua, pero su diseño debe evaluar quién puede participar efectivamente. También resulta necesario distinguir entre la disposición a pagar y la capacidad inmediata de hacerlo, porque ambas variables no representan lo mismo en una explotación rural.
Acceso al crédito y reglas equilibradas para los mercados rurales
Los resultados aportan una referencia para diseñar sistemas de asignación que combinen eficiencia, seguridad hídrica y acceso productivo. Entre las alternativas que pueden estudiarse figuran cuotas vinculadas a criterios agronómicos, mecanismos de crédito estacional, reservas para pequeños agricultores y mercados sujetos a salvaguardas contra la exclusión financiera.
No basta con definir un precio si algunos usuarios carecen de financiamiento en el momento de mayor necesidad. Una política eficaz debe considerar la estacionalidad de los ingresos agrícolas, los calendarios de cultivo y la posibilidad de que una restricción temporal de efectivo reduzca el rendimiento de toda la campaña.
La misma cautela resulta aplicable a otros acuerdos comerciales. En la agricultura por contrato y sus relaciones de negociación, los pequeños productores pueden quedar en desventaja frente a participantes con mayor información, capital y poder para establecer condiciones.
El estudio español muestra que los mercados pueden funcionar eficientemente cuando los participantes tienen posibilidades reales de competir. Si el acceso depende de la riqueza disponible y no de la capacidad productiva, el mecanismo puede consolidar desigualdades y reducir el aprovechamiento agrícola de un recurso escaso.
Fuentes referenciales:
Phys.org
Review of Economic Studies
