Las expropiaciones y la expansión de centros de datos e instalaciones energéticas presionan las explotaciones familiares en Zaragoza, España, mientras organizaciones agrarias alertan sobre las dificultades para mantener la actividad productiva.
Redacción: Redacción Mundo Agropecuario
Editor: Eduardo Schmitz
La expansión de proyectos tecnológicos, energéticos e industriales sobre terrenos agrícolas está transformando el paisaje rural de Aragón, en el noreste de España. En la provincia de Zaragoza, agricultores que durante años han trabajado sus explotaciones denuncian la pérdida de superficies productivas, las dificultades para acceder a nuevas parcelas y el impacto económico de las expropiaciones sobre la continuidad de sus actividades.
Entre los afectados se encuentra Toño Romé, agricultor cerealista de Zuera, quien abandonó la profesión después de perder parte de sus mejores tierras. Su experiencia refleja una preocupación que se extiende entre productores de la región: la competencia por el suelo agrícola no solamente modifica el uso del territorio, sino que puede comprometer la viabilidad de explotaciones que dependen de una superficie suficiente para mantenerse rentables.
La situación ha sido documentada por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG), organización que advierte sobre la presión ejercida por grandes inversiones sobre las tierras de cultivo y sus consecuencias para la agricultura profesional.
La pérdida de las mejores parcelas compromete la rentabilidad agrícola
Toño Romé comenzó su trayectoria agrícola en 2006, cuando tenía 23 años. Durante aproximadamente dos décadas desarrolló su actividad como productor de cereales en Zuera y participó en el movimiento cooperativo y sindical agrario.
Sin embargo, la expropiación de sus terrenos más fértiles alteró las condiciones económicas de su explotación hasta hacer inviable su continuidad. Su salida del sector ilustra cómo la pérdida de determinadas parcelas puede tener consecuencias superiores a la simple reducción de superficie cultivada.
En una explotación cerealista, la calidad agronómica de los terrenos, su ubicación, la disponibilidad de agua y la continuidad entre parcelas influyen directamente en los costes de producción y en los resultados de cada campaña.
Cuando desaparecen las tierras más productivas, el agricultor puede encontrarse con una explotación de menor rendimiento potencial, mientras numerosos gastos de maquinaria, mantenimiento y organización permanecen.
Esta situación adquiere especial relevancia en un contexto en el que la planificación del uso de las tierras agrícolas se considera una herramienta fundamental para equilibrar las necesidades productivas con las inversiones y otros usos del territorio.
Centros de datos y energías renovables aumentan la competencia por el suelo
La transformación del campo aragonés está relacionada con el creciente interés por instalar centros de datos, infraestructuras energéticas y otros proyectos empresariales en terrenos que tradicionalmente se destinaban a la agricultura.
Estas inversiones responden a necesidades de desarrollo tecnológico y energético, pero su localización puede generar conflictos cuando coinciden con superficies de elevado valor agronómico o con explotaciones agrícolas en funcionamiento.
UAGA-COAG y la organización Mundubat han elaborado un informe titulado Undrop en la provincia de Zaragoza: derecho a la tierra, acaparamiento y derechos del campesinado, en el que examinan las dificultades de acceso a la tierra y las presiones que afrontan los productores rurales.
Las organizaciones sostienen que el avance de grandes proyectos y fondos de inversión puede favorecer la concentración del control sobre el suelo, reducir las oportunidades de los agricultores profesionales y dificultar la incorporación de nuevas generaciones.
El debate no se limita a la cantidad de hectáreas afectadas. También comprende la calidad de las tierras utilizadas, la posibilidad de mantener explotaciones económicamente viables y las condiciones en las que los productores pueden continuar trabajando.
La agricultura familiar afronta dificultades para mantenerse
Otro de los agricultores que aparecen entre los afectados es Julio Enfedaque, de Villanueva de Gállego, localidad próxima a Zaragoza. Su caso forma parte de los testimonios recogidos sobre las consecuencias de la expansión de proyectos tecnológicos y energéticos en el territorio agrario.
La organización agraria advierte que esta competencia por las tierras se suma a problemas estructurales que ya condicionan la permanencia de los productores, como los costes de explotación, la rentabilidad de los cultivos y las dificultades de acceso a superficies adecuadas.
La situación resulta especialmente delicada para las explotaciones familiares, cuya continuidad suele depender de una combinación de recursos propios, terrenos arrendados e inversiones acumuladas durante años.
El acceso a la tierra también influye en el relevo generacional. Para una persona joven que pretende incorporarse a la agricultura, encontrar parcelas disponibles y económicamente accesibles constituye una condición básica para iniciar una actividad profesional.
Esta dimensión social del problema se relaciona con otros desafíos que afectan al campo, incluida la continuidad de los conocimientos y las prácticas tradicionales de los agricultores, que dependen de la permanencia de las comunidades productoras y de la transmisión de experiencia entre generaciones.
La calidad del suelo agrícola también está en juego
La controversia sobre los nuevos usos del territorio plantea una cuestión agronómica importante: no todas las hectáreas agrícolas poseen la misma capacidad productiva.
Las características físicas y químicas del suelo, la profundidad aprovechable por las raíces, la disponibilidad de agua y las condiciones de manejo determinan diferencias importantes entre parcelas.
Por ello, la sustitución de una superficie fértil por otra de menor potencial no garantiza que un agricultor pueda recuperar su capacidad productiva anterior.
La importancia de conservar las tierras de mayor calidad también aparece en investigaciones sobre la recuperación de suelos degradados y su contribución a la producción de alimentos, que muestran el valor económico y alimentario de mantener la capacidad productiva de los terrenos cultivables.
Sin embargo, es necesario distinguir entre la degradación física de un suelo y su retirada de la actividad agrícola por un cambio de uso. En el segundo caso, la tierra puede conservar determinadas propiedades agronómicas, pero dejar de estar disponible para producir alimentos.
Esta diferencia resulta esencial para evaluar las consecuencias de las transformaciones territoriales y las posibilidades reales de recuperar posteriormente el uso agrícola.
La planificación territorial entra en el debate agrario
Las denuncias de los productores aragoneses coinciden con una discusión más amplia sobre cómo compatibilizar el desarrollo industrial, las infraestructuras energéticas y la conservación de superficies destinadas a la producción agroalimentaria.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó recientemente directrices actualizadas para la planificación integrada del uso de la tierra, con el propósito de facilitar decisiones que consideren simultáneamente las características del suelo, el agua, las necesidades productivas y las demandas de otros sectores.
Este enfoque no supone impedir automáticamente nuevas inversiones, sino disponer de información suficiente para evaluar las consecuencias de cada alternativa territorial.
La necesidad de preservar la capacidad productiva también se relaciona con las advertencias internacionales sobre la degradación de los suelos y la seguridad alimentaria, aunque la pérdida de terrenos por expropiaciones constituye un fenómeno distinto que requiere un análisis específico.
En Aragón, los testimonios de agricultores afectados sitúan esta discusión en una dimensión concreta: las decisiones sobre la ubicación de nuevas infraestructuras pueden modificar profundamente las condiciones de trabajo de quienes ya producen en esos terrenos.
El abandono de explotaciones refleja una presión más amplia sobre el campo
La pérdida de superficies agrícolas se produce en una comunidad autónoma donde la continuidad profesional del sector ya presenta dificultades.
Según el balance agrario presentado por UAGA-COAG en enero de 2026, Aragón registró durante 2025 la baja de 385 trabajadores autónomos del sector agrario, una cifra superior a las 344 bajas comunicadas para 2024.
Estos datos no permiten atribuir todas las salidas profesionales a las expropiaciones o a los nuevos proyectos industriales. La rentabilidad de las cosechas, los precios percibidos por los productores y los costes de producción también intervienen en las decisiones de abandonar la actividad.
No obstante, los casos documentados en Zuera y Villanueva de Gállego muestran que la disponibilidad de tierras agrícolas constituye otro factor que debe considerarse al analizar la continuidad de las explotaciones.
Para las organizaciones agrarias, el desafío consiste en evitar que las transformaciones del territorio reduzcan las posibilidades de permanencia de quienes viven de la producción agrícola y dificulten todavía más la incorporación de nuevos agricultores.
La experiencia de los productores afectados en Zaragoza pone de manifiesto que el valor de una tierra fértil no se limita a su precio inmobiliario: también comprende su capacidad de generar cosechas, sostener explotaciones y mantener actividad económica en las comunidades rurales.
Fuentes referenciales:
Heraldo de Aragón — Testimonios de agricultores afectados por el retroceso del suelo agrícola, 1 de noviembre de 2026
Heraldo de Aragón — Presentación del informe de UAGA-COAG y Mundubat, 22 de octubre de 2026
Heraldo de Aragón — Balance del sector agrario aragonés correspondiente a 2025
