Presentada el 29 de octubre de 2026 durante la COP17 sobre biodiversidad, la nueva guía propone integrar suelo, agua y producción agrícola en las decisiones territoriales. Es la primera actualización importante desde 1993.
Redacción: Redacción Mundo Agropecuario
Editor: Karem Díaz S.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó el 29 de octubre de 2026 una actualización de sus directrices para la planificación integrada del uso de la tierra. El documento busca ayudar a los países a organizar mejor sus territorios productivos cuando la agricultura, la disponibilidad de agua, la expansión urbana y la conservación ambiental compiten por recursos limitados.
La presentación tuvo lugar durante la decimoséptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), celebrada en Ereván, Armenia. Se trata de la primera revisión importante de estas orientaciones desde 1993, un intervalo durante el cual han cambiado tanto las presiones sobre los recursos naturales como las herramientas disponibles para evaluar su utilización.
La novedad no consiste en una nueva tecnología agrícola ni en un resultado experimental. Es la publicación de un marco internacional actualizado que propone incorporar información sobre la calidad de los suelos, la disponibilidad hídrica, las necesidades productivas y la participación de las comunidades antes de adoptar decisiones sobre el destino de las tierras.
La agricultura necesita decisiones coordinadas sobre suelo y agua
Uno de los problemas que aborda la FAO es la planificación fragmentada del territorio. Las decisiones sobre agricultura, infraestructura, urbanización, restauración de ecosistemas y abastecimiento de agua pueden adoptarse desde organismos distintos, aunque todas repercutan sobre una misma superficie.
Para las explotaciones agrícolas, esta falta de coordinación puede traducirse en dificultades para conservar tierras productivas, acceder al agua o adaptar el manejo a las características del terreno.
La nueva guía de planificación integrada del uso de la tierra, identificada por sus siglas inglesas ILUP, propone evaluar conjuntamente esas demandas. El propósito es que los gobiernos puedan identificar dónde conviene mantener determinadas actividades agrícolas, qué superficies requieren recuperación y cómo compatibilizar los distintos usos del territorio.
Esta perspectiva resulta especialmente relevante en regiones donde los cambios de uso del suelo reducen las superficies destinadas a cultivos. La competencia entre actividades productivas y no productivas puede alterar la estructura agrícola de una comunidad, incluso cuando las tierras conservan capacidad para producir alimentos.
La información sobre los suelos adquiere un papel central
La FAO destaca que la planificación territorial debe apoyarse en datos sobre las condiciones reales de los terrenos. Esto incluye conocer sus características, evaluar su estado y considerar los efectos que diferentes actividades pueden tener sobre su capacidad productiva.
Durante la presentación, la directora general adjunta de la FAO, Beth Bechdol, destacó la importancia de combinar datos sobre suelos, cartografía, seguimiento y conocimientos locales para orientar decisiones relacionadas con la producción, la restauración y las inversiones.
El planteamiento responde a un problema documentado por distintas investigaciones: la degradación de las tierras agrícolas puede reducir los rendimientos y limitar la capacidad de producción de alimentos.
Un análisis internacional sobre restauración de suelos y producción alimentaria estimó que reducir una parte de la degradación causada por las actividades humanas permitiría recuperar una capacidad productiva considerable. Aunque ese estudio y las nuevas directrices son trabajos diferentes, ambos muestran por qué el estado del suelo debe considerarse en las decisiones agrícolas.
La planificación propuesta por la FAO no sustituye las prácticas agronómicas de cada explotación. Su función es proporcionar un marco para que las decisiones sobre el territorio tengan en cuenta la capacidad de los recursos y las consecuencias de los usos previstos.
Una actualización que incorpora más herramientas de evaluación
La revisión presentada en Armenia recoge los avances producidos desde la edición de 1993 en cartografía, sistemas de información geográfica, evaluación de tierras y métodos de análisis de distintas alternativas de uso.
Estas herramientas pueden facilitar la comparación de escenarios territoriales, pero la FAO no plantea que las decisiones deban depender exclusivamente de modelos técnicos.
El organismo insiste en integrar también el conocimiento de agricultores, comunidades locales y otros actores afectados por las decisiones. La participación pública y la transparencia forman parte del enfoque propuesto.
El documento se elaboró mediante consultas internacionales con países miembros de la FAO, especialistas técnicos y organizaciones colaboradoras de distintas regiones.
Por tanto, las directrices no responden únicamente a las condiciones de un país o de un sistema agrícola particular. Su diseño busca permitir adaptaciones a contextos jurídicos, ambientales y productivos diferentes.
Restaurar tierras sin perder de vista la producción
La FAO sitúa la restauración de tierras degradadas entre los objetivos que deben considerarse al organizar el uso del territorio. Sin embargo, el documento también reconoce la necesidad de sostener la producción de alimentos, el abastecimiento de agua y el desarrollo económico.
La relación entre recuperación ambiental y actividad agrícola es especialmente importante en zonas donde la degradación ya afecta a las explotaciones.
Las experiencias de agricultores cubanos que recuperaron terrenos degradados mediante prácticas sostenibles ilustran cómo la mejora del suelo puede integrarse en la actividad productiva, aunque los métodos concretos dependen de las condiciones de cada finca.
En Europa, otros trabajos han examinado la posibilidad de que la recuperación de la salud del suelo genere beneficios económicos para los agricultores. Este aspecto ayuda a comprender por qué las decisiones de planificación deben considerar tanto la conservación de los recursos como la viabilidad de las explotaciones.
Las nuevas directrices no establecen que una medida de restauración sea adecuada para todos los terrenos. Su enfoque consiste precisamente en evaluar las características y necesidades de cada territorio antes de decidir qué actividades y actuaciones resultan más apropiadas.
Un marco voluntario que no sustituye las leyes nacionales
La FAO aclara que las directrices son voluntarias y no vinculantes. No imponen nuevas obligaciones legales a los agricultores ni reemplazan los sistemas nacionales de ordenación territorial.
Los países pueden utilizarlas como referencia para complementar sus políticas, instrumentos de planificación y mecanismos institucionales existentes.
Esta distinción es importante: la presentación de la guía no significa que los gobiernos hayan aprobado automáticamente nuevas restricciones al uso agrícola de la tierra.
Su aplicación dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes, de las prioridades nacionales y de los procedimientos establecidos en cada territorio.
La FAO también anunció la preparación de una guía destinada a profesionales que trasladará el marco de planificación integrado, organizado en nueve etapas, a orientaciones prácticas para su implementación.
Qué aporta la nueva guía a la gestión agropecuaria
La actualización introduce un enfoque que considera las tierras agrícolas como parte de un sistema territorial en el que intervienen simultáneamente el agua, la calidad del suelo, las necesidades de producción y las demandas de otros sectores.
Para los responsables de políticas agrarias, ofrece criterios con los que evaluar alternativas antes de asignar terrenos a usos que podrían resultar difíciles de revertir.
Para los productores rurales, su relevancia dependerá de cómo las autoridades incorporen esos criterios a la planificación y de si las decisiones resultantes mejoran las condiciones para mantener una actividad agrícola viable.
La publicación del 29 de octubre constituye un avance documental e institucional verificable. No representa todavía una mejora medida de los rendimientos agrícolas ni una recuperación efectiva de superficies degradadas.
Su principal aportación es proporcionar a los países un marco actualizado para tomar decisiones más coordinadas sobre recursos fundamentales para la agricultura, en un contexto de creciente competencia por la tierra y el agua.
