Por Brenda Ribeiro
Dirigente político venezolana, defensora de los agricultores, Coordinadora de Granitos de Esperanza.
Históricamente, el café fue motor de progreso en Venezuela. Con él se construyeron carreteras y escuelas gracias al impuesto que se cobraba cuando subía su precio internacional. Tan fuerte era su impacto que, cuando el precio caía, las obras de infraestructura se paralizaban.
Hoy, a pesar de todo, la producción se mantiene viva en 125 municipios del país, principalmente a través de pequeñas unidades de producción familiares. Cada una genera en promedio unos 10 quintales, pero sumadas representan miles de familias que, con enorme esfuerzo, logran sostener el sector.
Venezuela venía produciendo 1.800.000 quintales de café antes de que el chavismo comenzara la destrucción, la caída más brutal ocurrió entre 2006 y 2008, cuando la producción se derrumbó hasta aproximadamente 600.000 quintales. Desde entonces ha habido una recuperación lenta pero real, impulsada exclusivamente por la resiliencia del caficultor y el pulmón económico de los productores con su propio capital.
En esta cosecha Venezuela está cerca de volver a los 1.800.000 quintales. Sin embargo, este repunte no se siente con la fuerza que debería en el mercado. La razón es doble: por un lado, entre 8 y 9 millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar; por el otro, el brutal deterioro del poder adquisitivo ha reducido drásticamente el consumo interno. Si no fuera por estas dos circunstancias, ya estarían vacíos los anaqueles y se sentiría claramente la escasez.
Es decir: el café ha crecido a pesar del régimen, no gracias a él. Se ha mantenido y recuperado sin una política pública favorable, sin financiamiento y bajo un modelo socialista que lo ha asfixiado durante 27 años.
Ahora, quienes han sido los principales responsables de su debacle tienen el descaro de anunciar que van a “legislar en favor” de caficultores y cacaoteros. Leí los documentos de las supuestas leyes y continúan hablando de comunas y UDP comunales, y todas esas figuras creadas para control social, es decir, profundizan en el socialismo del siglo XXI. Plantean demagogia pura: mencionan “financiamiento” sin explicar cómo ni con qué recursos, en un texto lleno de vacíos y contradicciones.
Es importante decir que Fedeagro desde 2020 aproximadamente venía proponiendo que se apoyara la recuperación del sector con de 1.500 millones de dólares en financiamiento anuales para la recuperación agrícola durante cinco años, el régimen jamás mostró voluntad. En cambio, prefirió gastar más de 3.000 millones de dólares en importación anual de alimentos, esa es su verdadera política.
Estas leyes no son protección, sino una nueva maniobra para extender su control político y económico sobre los pocos sectores que aún resisten con esfuerzo propio. Una asamblea surgida de designaciones (no de la voluntad popular), no tiene legitimidad para decidir el destino de miles de familias que han resistido más de dos décadas de expropiaciones, controles, confiscaciones y desmantelamiento sistemático del campo.
El régimen, a través de corporaciones socialistas y entes estatales, ha actuado como un filtro perverso: compra al productor a precios impuestos y luego comercializa, llenándose los bolsillos con el sudor de los agricultores, un caso realmente indignante fue el de la Corporación del Cacao en el estado Miranda. Al productor real, al empresario privado y a las asociaciones gremiales se les ha relegado deliberadamente a un papel secundario. Esto no es protección: es intervencionismo estatista puro, diseñado para controlar toda la cadena productiva, pero sobre todo el primer eslabón.
Durante más de dos décadas, este modelo ha llevado al colapso a un sector que en el pasado fue orgullo nacional. Venezuela posee cafés de altura y cacaos criollos de aroma único, reconocidos mundialmente. Sin embargo, la producción se derrumbó por inseguridad jurídica y personal, falta de insumos, crisis de combustible, ausencia de financiamiento, vías destruidas y altos costos de producción. La frágil recuperación actual se debe exclusivamente al esfuerzo heroico de los productores privados y a la dolarización de facto, no a las políticas del régimen.
Estas supuestas “leyes” no muestran fuentes claras de financiamiento, ni garantías de propiedad, ni libertad para exportar directamente, ignoran lo que el mundo exige: trazabilidad, sostenibilidad y certificaciones, desprecian que solo con inversión privada, confianza y libertad económica se puede recuperar la competitividad internacional.
Los caficultores y cacaoteros saben la verdad: quienes impulsan estas leyes (régimen y sus colaboradores) atacan la iniciativa privada, sin productores libres y empresarios dispuestos a asumir riesgos con garantías de seguridad, no hay sector agropecuario posible.
Por eso, el gremio caficultor y cacaotero, junto a todos los venezolanos de bien, debemos rechazar categóricamente estas leyes impuestas.
Venezuela necesita un marco legal totalmente distinto, que solo será posible bajo una nueva realidad política democrática.
El 70% de los venezolanos votamos en 2024 por un modelo productivo basado en la propiedad privada plena, seguridad jurídica y personal, y libertad económica.
Los productores merecen:Libertad económica real: eliminación de controles de precios, permisos excesivos y monopolios estatales.
Asociación voluntaria entre productores, gremios privados, exportadores y empresas, sin intermediación de las figuras de corporaciones del Estado.
Acceso libre a financiamiento, divisas y mercados internacionales.
Incentivos fiscales claros y reducción de la carga regulatoria.Los productores venezolanos necesitan un Estado rector, nunca propietario ni competidor de los productores.
El futuro de nuestro café y cacao criollo no puede seguir dependiendo de leyes chucutas y de un régimen que le pone el pie en el cuello al campo venezolano. El futuro depende del talento y el coraje de nuestros hombres y mujeres del campo cuando se les devuelva la libertad.
Seguimos luchando por una Venezuela Tierra de Gracia, de productores libres, prósperos y orgullosos. Eso solo será posible con elecciones libres y limpias que abran las puertas a la democracia y a un nuevo modelo productivo.
Brenda Ribeiro es colaboradora destacada de Mundo Agropecuario
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