El Tribunal Constitucional evalúa una demanda que podría retirar del mercado el glifosato, el imidacloprid y la clotianidina, en medio de advertencias sobre costos, producción y empleo rural.
Redactor: Santiago Duarte
Editor: Karem Díaz S.
La agricultura peruana enfrenta un nuevo punto de tensión entre regulación, productividad y seguridad alimentaria. El Tribunal Constitucional de Perú evalúa una demanda que podría sacar del mercado tres insumos utilizados en el campo: glifosato, imidacloprid y clotianidina. La controversia enfrenta a asociaciones civiles de Apurímac, que cuestionan presuntos riesgos para la salud, con sectores industriales y agrícolas que advierten impactos inmediatos sobre los costos de producción y el precio de los alimentos.
El caso se origina en la demanda N.° 00871-2021-0-0301-JR-CI-01, presentada por organizaciones civiles de Apurímac. La solicitud busca retirar estos productos del mercado peruano. Frente a ese escenario, el Comité de la Industria Agrosostenible de la Sociedad Nacional de Industrias sostuvo que una prohibición afectaría la producción agrícola, el empleo rural y la disponibilidad de alimentos en el país.
El glifosato concentra el debate agrícola
El glifosato ocupa el centro de la discusión porque representa cerca del 40% de los herbicidas utilizados en Perú, de acuerdo con datos citados por la Sociedad Nacional de Industrias. Para el gremio, su eficacia, disponibilidad y costo accesible lo han convertido en una herramienta importante dentro del manejo agrícola nacional.
La discusión peruana se suma a un debate internacional más amplio sobre el uso del glifosato, un herbicida que ha sido objeto de restricciones, revisiones regulatorias y controversias sanitarias en distintos países. En el caso peruano, la Sociedad Nacional de Industrias sostiene que organismos como la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y la FAO consideran seguro su uso bajo condiciones reguladas.
El punto crítico para el sector productivo es la falta de alternativas equivalentes. La SNI afirma que actualmente no existe un sustituto que iguale la eficiencia global del glifosato. Bajo esa lectura, una salida abrupta del mercado no solo cambiaría el manejo técnico de los cultivos, sino que elevaría los costos operativos de agricultores y agroempresas.
Costos, producción y empleo rural
El impacto económico es uno de los argumentos centrales del gremio industrial. Renzo Gomero, representante de la Sociedad Nacional de Industrias, advirtió que producir alimentos sería más costoso y complejo si estos insumos dejan de estar disponibles. Ese sobrecosto, afirmó, terminaría trasladándose al consumidor.
El efecto señalado por la industria combina tres niveles: menor producción agrícola, mayores pérdidas económicas para productores y aumento sostenido en los precios de frutas y verduras. En un país donde el agro combina grandes cadenas de exportación con pequeños y medianos productores, una restricción de alto impacto sobre insumos fitosanitarios puede afectar de forma desigual a cada segmento productivo.
El debate también toca la competitividad regional. Perú ha consolidado una agricultura exportadora dinámica, pero con fuertes exigencias sanitarias y fitosanitarias en mercados internacionales. Las tensiones por residuos, controles y normas externas ya han puesto bajo presión a algunas cadenas, como ocurrió con las alertas vinculadas a frutas peruanas y residuos de pesticidas.
El marco regulatorio bajo presión
La Sociedad Nacional de Industrias también cuestiona que una decisión judicial pueda desconocer el marco técnico vigente para el registro, evaluación, uso y eventual cancelación de plaguicidas en Perú. Para el gremio, la discusión no debería resolverse al margen de los procedimientos regulatorios especializados, porque eso debilitaría la institucionalidad estatal y la seguridad jurídica del sistema agrícola.
La asociación civil Cultivida también expresó preocupación por los posibles efectos de una prohibición. Su director, Ruben Carrasco, sostuvo que el escenario más probable sería menos producción, mayores costos y menor empleo. Además, remarcó que una medida de esta naturaleza debería apoyarse en evidencia científica y en alternativas técnicas equivalentes.
El caso refleja una tensión frecuente en la política agrícola latinoamericana: reducir riesgos sanitarios y ambientales sin romper de forma brusca los sistemas productivos que dependen de ciertos insumos. En la región, el uso de pesticidas en cultivos clave sigue sometido a una revisión creciente por sus diferencias regulatorias con la Unión Europea y por sus posibles efectos sobre salud, biodiversidad y comercio.
El antecedente del paraquat
La SNI recordó el caso del paraquat como antecedente relevante. Aunque ese producto fue retirado del mercado formal peruano, el gremio advierte que continúa ingresando de manera ilegal desde países vecinos donde todavía se permite su uso. Para la industria, ese ejemplo muestra que prohibir un producto sin control efectivo puede desplazar el problema hacia canales informales.
La preocupación no es menor: cuando un producto ingresa de forma ilegal, se pierde trazabilidad, no hay garantías sobre su manejo y aumentan los riesgos para agricultores, consumidores y ecosistemas. Ese argumento busca diferenciar entre regulación controlada y prohibición sin capacidad suficiente de fiscalización.
El manejo de residuos y la vigilancia técnica son parte del mismo desafío. En otros sistemas agrícolas, la necesidad de medir y reducir residuos ha impulsado nuevas herramientas de control, como métodos para detectar glifosato y pesticidas polares en cultivos específicos. Ese tipo de avances muestra que el debate no se limita a permitir o prohibir, sino también a mejorar trazabilidad, monitoreo y uso responsable.
Una recuperación agrícola en juego
La discusión llega en un momento en que el sector agropecuario peruano muestra señales de recuperación. La Sociedad Nacional de Industrias indicó que el agro creció 2,4% hasta febrero de 2026 en 16 de las 24 regiones del país. Para el gremio, una prohibición inmediata podría interrumpir ese avance y afectar cadenas productivas que recién consolidan mejores resultados.
El desenlace dependerá de la decisión del Tribunal Constitucional y de cómo se equilibre la protección de la salud, la evidencia técnica, la seguridad jurídica y la continuidad productiva. En el corto plazo, el caso ya dejó instalada una discusión de fondo: cómo regular insumos agrícolas cuestionados sin elevar de forma abrupta los costos de producir alimentos en Perú.
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