Una investigación en la región de Busoga revela que la expansión de los cañaverales ha reducido el espacio para producir alimentos y que el control de los contratos agrícolas y de los ingresos familiares influye en la inseguridad alimentaria.
Redacción: Redacción Mundo Agropecuario
Editor: Eduardo Schmitz
La expansión del cultivo comercial de caña de azúcar en el este de Uganda no se ha traducido necesariamente en una mejor alimentación para las familias agricultoras. Una investigación desarrollada por James Kintu en la región de Busoga identifica una contradicción importante: mientras aumenta la superficie destinada a abastecer las fábricas azucareras, numerosos hogares rurales continúan enfrentando dificultades para disponer de alimentos suficientes.
Los resultados, difundidos el 14 de octubre de 2026, muestran que el problema no depende únicamente de cuánto producen los agricultores o de los ingresos que genera la caña. También intervienen la distribución de la tierra, las condiciones de los contratos comerciales y las decisiones sobre cómo se utiliza el dinero recibido por las cosechas.
En los distritos de Jinja y Buyende, examinados por el investigador, hasta el 80 % de las tierras agrícolas familiares puede estar dedicado a la caña de azúcar, mientras que aproximadamente el 20 % queda disponible para producir cultivos alimentarios.
La situación resulta especialmente preocupante en una región donde el censo de población de 2024 registró que alrededor de un tercio de los hogares había pasado jornadas completas sin alimentos.
La investigación plantea que mejorar la seguridad alimentaria de estas comunidades requiere revisar las relaciones económicas y las condiciones de participación de las familias en la industria azucarera, no solamente aumentar la producción.
La producción de caña se ha expandido durante décadas
Busoga es una región agrícola situada en el este de Uganda, rodeada parcialmente por el lago Victoria, el río Nilo y el lago Kyoga.
Su territorio comprende extensas áreas rurales donde numerosas familias dependen de pequeñas parcelas cultivadas principalmente bajo condiciones de secano.
La producción comercial de caña de azúcar comenzó a consolidarse durante la década de 1920, cuando se estableció una importante instalación industrial destinada al procesamiento del cultivo.
Posteriormente, la actividad se amplió con nuevas inversiones y cambios en la organización del mercado azucarero.
Uno de los momentos decisivos ocurrió en 1991, cuando Uganda liberalizó el sector y permitió una mayor participación de empresas privadas en la industria.
Desde entonces, el cultivo se ha extendido considerablemente.
Según los antecedentes examinados por Kintu, la superficie sembrada con caña de azúcar en Busoga se triplicó entre 2000 y 2024.
Actualmente funcionan siete fábricas azucareras dentro de la región o en sus alrededores, que reciben materia prima de grandes explotaciones y de numerosos productores independientes.
La expansión ha generado oportunidades comerciales para miles de familias, pero también ha modificado el uso de la tierra y las relaciones económicas dentro de las comunidades.
Los pequeños productores participan mediante contratos con las fábricas
Una parte importante de la caña de azúcar procede de agricultores que cultivan sus propias parcelas y venden la producción mediante acuerdos con las empresas procesadoras.
Estos productores, conocidos internacionalmente como outgrowers, mantienen relaciones comerciales con las fábricas para abastecerlas de materia prima.
El sistema permite integrar pequeñas explotaciones en una cadena agroindustrial de mayor escala.
Sin embargo, las condiciones de contratación determinan quién puede participar formalmente, quién recibe los pagos y quién tiene capacidad para decidir sobre el destino de las tierras agrícolas.
La investigación encontró que las empresas suelen establecer sus contratos con los hombres considerados jefes de familia.
Esta práctica tiene consecuencias importantes porque el nombre de la persona que figura en el contrato también determina quién recibe directamente los ingresos cuando se comercializa la cosecha.
Las mujeres pueden participar en el trabajo agrícola y en el sostenimiento de los hogares sin disponer de las mismas posibilidades para intervenir en las decisiones comerciales.
El problema se relaciona con las dificultades de acceso de las mujeres a la propiedad y las decisiones sobre las tierras agrícolas, una situación documentada también en otros sistemas productivos.
La investigación examinó dos distritos de Busoga
James Kintu, investigador posdoctoral con más de veinte años de experiencia previa en la administración pública ugandesa, desarrolló su trabajo doctoral para comprender por qué el crecimiento de la industria azucarera no había conseguido reducir la inseguridad alimentaria en la región.
El estudio se concentró en los distritos de Jinja y Buyende, donde el cultivo de caña ocupa una posición destacada dentro de la economía rural.
El investigador entrevistó a 27 funcionarios, representantes de las comunidades y dirigentes vinculados con la actividad agrícola.
También organizó conversaciones con cuatro grupos de agricultores para conocer sus experiencias sobre el uso de la tierra, los contratos y la administración de los ingresos familiares.
Las preguntas abordaron aspectos concretos de la vida productiva: quién decide qué sembrar, quién firma los acuerdos con las fábricas, quién recibe los pagos y cómo se alimentan las familias durante el período que transcurre antes de la cosecha.
La metodología permitió examinar las relaciones sociales y económicas que acompañan a la producción de caña.
Sin embargo, se trata de una investigación cualitativa centrada en comunidades específicas. Sus resultados no deben interpretarse como una medición estadística representativa de todos los agricultores de Uganda.
Hasta el 80 % de las parcelas familiares se dedica a la caña
Uno de los resultados más relevantes está relacionado con la distribución de la superficie agrícola.
En las comunidades estudiadas, la caña de azúcar puede ocupar hasta cuatro quintas partes de las tierras pertenecientes a las familias.
La superficie restante debe utilizarse para producir alimentos destinados al consumo doméstico o para obtener otros ingresos agrícolas.
Esta situación limita las posibilidades de cultivar una variedad suficiente de productos alimentarios.
La caña de azúcar es un cultivo comercial que puede permanecer durante períodos prolongados en el terreno, lo que reduce la flexibilidad para modificar rápidamente el uso de las parcelas.
Cuando una familia compromete una proporción importante de sus tierras mediante contratos de varios años, disminuye el espacio disponible para sembrar alimentos durante ese período.
El problema se vuelve especialmente importante en explotaciones pequeñas, donde cada parcela cumple una función decisiva para la economía familiar.
La competencia entre cultivos comerciales y producción de subsistencia no significa que la caña de azúcar sea necesariamente perjudicial para todos los agricultores.
Su efecto depende de las condiciones de mercado, el acceso a otras fuentes de alimentos y la manera en que se administran los recursos generados por la actividad.
Los ingresos de la caña no siempre se destinan a comprar alimentos
La investigación identificó una diferencia importante entre generar ingresos agrícolas y garantizar que esos recursos se utilicen para cubrir las necesidades alimentarias del hogar.
En el sistema contractual observado, los pagos por la caña suelen realizarse a la persona que figura como titular del acuerdo con la fábrica.
Cuando el contrato está registrado únicamente a nombre del hombre, este puede controlar el dinero recibido por la cosecha.
Durante las entrevistas, algunas participantes señalaron que no siempre intervenían en las decisiones relacionadas con esos recursos.
También se documentaron testimonios sobre situaciones en las que el dinero obtenido por la comercialización de la caña no se utilizaba prioritariamente para comprar alimentos familiares.
Mientras tanto, las mujeres continuaban asumiendo buena parte de la responsabilidad de alimentar a los integrantes del hogar.
En determinados casos, debían intentar producir alimentos en las pequeñas superficies que no estaban comprometidas con el cultivo comercial.
Esta distribución desigual de las decisiones económicas ayuda a explicar por qué una familia puede participar en una actividad agrícola destinada al mercado y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.
El fenómeno muestra la importancia de considerar la participación de las mujeres en la producción y la seguridad alimentaria al evaluar los resultados de los sistemas agrícolas comerciales.
Los contratos de varios años condicionan el uso de la tierra
La investigación también encontró situaciones en las que los acuerdos para producir caña se establecían sin una participación efectiva de todos los integrantes de la familia.
Algunas mujeres entrevistadas describieron casos en los que sus esposos comprometieron terrenos familiares mediante contratos de varios años sin consultarles previamente.
Esta circunstancia puede limitar la posibilidad de reservar parcelas para cultivos alimentarios.
La legislación de Uganda establece protecciones para determinados derechos sobre las tierras familiares.
La Ley de Tierras exige el consentimiento escrito del cónyuge en operaciones específicas relacionadas con la venta, el arrendamiento o la hipoteca de terrenos familiares.
Sin embargo, Kintu encontró que numerosos acuerdos de producción de caña no pasan por las oficinas responsables del registro de tierras.
Como consecuencia, puede resultar difícil comprobar si las decisiones relacionadas con esos terrenos se adoptaron respetando los derechos de las personas involucradas.
El investigador considera que una mayor supervisión de los contratos ayudaría a reducir estas dificultades.
También permitiría mejorar la transparencia de las relaciones entre agricultores y empresas azucareras.
Las viudas pueden perder el control de los contratos agrícolas
Otro problema identificado aparece cuando fallece el agricultor que figura como titular de un contrato de suministro de caña.
Aunque la legislación ugandesa reconoce derechos hereditarios a las mujeres, las condiciones comerciales pueden dificultar que una viuda continúe participando en la actividad productiva.
La investigación documentó situaciones en las que el contrato permanecía registrado a nombre del productor fallecido.
En esas circunstancias, la viuda podía encontrar obstáculos para asumir formalmente la relación comercial con la fábrica.
La decisión podía depender de intermediarios encargados de incorporar agricultores al sistema de abastecimiento o de acuerdos familiares y comunitarios.
En algunos casos, los terrenos terminaban bajo el control de parientes masculinos.
Estas situaciones también podían limitar el acceso de las mujeres al crédito agrícola, especialmente cuando las entidades financieras exigían documentación o garantías que ellas no podían presentar.
El investigador señala que la existencia de derechos reconocidos por la ley no garantiza necesariamente su aplicación en las relaciones comerciales cotidianas.
Por ello, propone que las empresas azucareras establezcan procedimientos claros para facilitar la continuidad de los contratos cuando fallece su titular.
La asistencia técnica tampoco llega por igual a las familias
Los servicios de extensión agrícola desempeñan una función importante en la productividad de las explotaciones rurales.
Estos programas ofrecen orientación sobre prácticas de cultivo, manejo de insumos, organización de la producción y acceso a información técnica.
Sin embargo, la investigación encontró que las visitas de los extensionistas suelen concentrarse en las personas registradas formalmente como titulares de los contratos.
Cuando los acuerdos están a nombre de los hombres, sus esposas pueden quedar excluidas de la asistencia técnica, aunque participen activamente en las labores agrícolas.
La situación limita el acceso de las mujeres a conocimientos que podrían mejorar la producción de alimentos y la administración de las parcelas familiares.
La importancia de una asistencia técnica más inclusiva también se observa en programas de acompañamiento a agricultoras en Guatemala, donde la capacitación y el acceso a herramientas productivas forman parte de las estrategias para fortalecer sus ingresos.
En Busoga, el investigador considera necesario revisar los criterios utilizados para determinar quién puede recibir orientación agrícola.
El objetivo sería reconocer a todos los integrantes que participan en la producción y no limitar los servicios a la persona cuyo nombre aparece en el contrato comercial.
La expansión azucarera también afecta a los trabajadores rurales
La investigación examinó las consecuencias de los cambios en la propiedad y el uso de la tierra para las generaciones más jóvenes.
En algunas comunidades, los terrenos familiares pueden dividirse o venderse para atender necesidades económicas inmediatas.
Cuando los jóvenes pierden el acceso a tierras agrícolas, sus oportunidades para establecer explotaciones propias disminuyen.
Algunos terminan trabajando en actividades de corte y carga de caña de azúcar, remuneradas mediante pagos diarios.
Durante el trabajo de campo se recogieron testimonios que también señalaban la participación de menores de edad en determinadas labores.
La legislación laboral de Uganda establece restricciones al trabajo infantil, pero su cumplimiento puede verse limitado por la insuficiencia de personal encargado de realizar inspecciones.
El investigador cita antecedentes que identifican una diferencia considerable entre la cantidad de inspectores laborales disponibles y el personal necesario para supervisar adecuadamente las condiciones de trabajo.
Estas observaciones muestran que el desarrollo de una cadena agroindustrial puede generar empleo y, al mismo tiempo, plantear problemas relacionados con la calidad del trabajo y la protección de los hogares rurales.
Una nueva fábrica abre la posibilidad de revisar los acuerdos
Entre las oportunidades identificadas por Kintu figura la apertura de una nueva instalación azucarera en el distrito de Buyende.
La fábrica Kidera Sugar comenzó a operar en 2026 y se encontraba incorporando agricultores a su sistema de abastecimiento.
El investigador considera que esta etapa ofrece una oportunidad para establecer condiciones de contratación que reconozcan de manera más equilibrada la participación de mujeres y hombres.
Entre las alternativas propuestas se encuentra permitir que las mujeres agricultoras puedan suscribir contratos directamente con las empresas.
También plantea mecanismos para garantizar que las viudas puedan continuar los acuerdos comerciales cuando fallece su esposo.
Estas propuestas no deben confundirse con medidas que ya hayan sido adoptadas por todas las fábricas de la región.
Se trata de recomendaciones formuladas a partir de los problemas observados durante la investigación.
Su aplicación dependería de decisiones empresariales, cambios regulatorios y mecanismos efectivos de supervisión.
El sector azucarero podría incorporar nuevas garantías
El investigador propone que las instituciones responsables de regular la industria azucarera desempeñen un papel más activo en la protección de los derechos de las familias productoras.
Una de sus recomendaciones consiste en revisar las condiciones exigidas para aprobar los contratos de abastecimiento.
En el caso de agricultores casados, plantea que los acuerdos puedan requerir la participación y las firmas de ambos cónyuges.
También propone establecer reglas que permitan transferir los contratos a las viudas y reconocer sus derechos sobre los ingresos generados por la producción.
Otra medida sugerida es registrar los acuerdos de utilización de tierras ante las oficinas correspondientes, de manera que puedan verificarse los requisitos legales de consentimiento.
La investigación también recomienda fortalecer la inspección laboral en las zonas productoras de caña.
Estas propuestas buscan mejorar las condiciones de participación de las familias sin eliminar necesariamente las oportunidades económicas que ofrece la industria azucarera.
La seguridad alimentaria depende de cómo se distribuyen los beneficios
El caso de Busoga muestra que la expansión de un cultivo comercial no garantiza automáticamente una mejora de las condiciones de vida de todos los integrantes de las comunidades agrícolas.
La caña de azúcar genera actividad industrial, demanda de materia prima y oportunidades de ingresos para numerosos productores.
Sin embargo, cuando ocupa la mayor parte de las tierras familiares, también puede limitar la producción directa de alimentos.
Si los ingresos comerciales se concentran en una sola persona y las decisiones no consideran las necesidades del conjunto del hogar, el aumento de la actividad económica puede coexistir con situaciones de inseguridad alimentaria.
La investigación de James Kintu aporta evidencia cualitativa sobre estas relaciones en los distritos de Jinja y Buyende.
Sus resultados no permiten atribuir toda la inseguridad alimentaria de Busoga exclusivamente a la producción azucarera, ya que también intervienen otros factores económicos, sociales y productivos.
No obstante, muestran que la organización de los contratos y el control de los ingresos agrícolas constituyen elementos relevantes para comprender el problema.
El trabajo plantea una prioridad concreta para la industria y las autoridades: mejorar las condiciones bajo las cuales las familias participan en la producción comercial, garantizar una mayor inclusión de las mujeres y proteger el acceso a tierras destinadas a la alimentación.
En una región donde los cañaverales se han multiplicado durante las últimas décadas, la cuestión central ya no es solamente cuánto azúcar puede producirse, sino cómo lograr que esa actividad contribuya efectivamente al bienestar de quienes cultivan la tierra.
Fuente referencial:
James Kintu, The Conversation — Uganda’s sugarcane boom leaves families hungry: What needs to change, 14 de octubre de 2026
