Instituciones y empresas

Venezuela elimina permisos para exportar café y productos pesqueros

Publicado el 21/11/2026 ·

El Decreto 5.460, vigente desde el 19 de noviembre de 2026, suprime controles previos y determinados requisitos administrativos para las exportaciones, aunque mantiene las certificaciones exigidas por los mercados de destino.


Redacción: Redacción Mundo Agropecuario
Editor: Karem Díaz S.

Venezuela puso en vigor el 19 de noviembre de 2026 una reforma de los procedimientos de exportación que afecta directamente a productores y comercializadores de café, cacao, pescado y productos acuícolas. La medida, establecida mediante el Decreto N.º 5.460, elimina autorizaciones y controles administrativos que durante años condicionaron las operaciones comerciales de estos sectores.

La disposición fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 7.091, del 4 de noviembre de 2026, y comenzó a aplicarse después del plazo de 15 días establecido para su entrada en vigencia.

El cambio representa una modificación concreta del marco regulatorio venezolano: determinados permisos que anteriormente debían obtenerse antes de realizar una exportación dejan de ser obligatorios, mientras que las autoridades conservan responsabilidades relacionadas con la expedición de certificados sanitarios, fitosanitarios y otros documentos necesarios para ingresar a mercados extranjeros.

La reforma abarca actividades agrícolas y pesqueras con potencial exportador, aunque su aplicación no significa que todos los productos puedan comercializarse internacionalmente sin cumplir requisitos técnicos, aduaneros o comerciales.

El café deja atrás varios controles administrativos

Uno de los sectores directamente afectados es el cafetalero. El decreto deroga disposiciones que habían establecido controles sobre el registro, la movilización y la comercialización del café venezolano.

Entre las normas eliminadas se encuentra la resolución conjunta de 2018 que regulaba diferentes actividades de la cadena cafetalera mediante el Sistema Integral de Control Agroalimentario y mecanismos de autorización vinculados con la Corporación Venezolana del Café y la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO).

También queda derogada la Resolución N.º 017/2023, que contenía disposiciones sobre las asociaciones de productores, beneficiadoras y torrefactoras, así como condiciones relacionadas con la recepción, los precios y la movilización del café verde.

La eliminación de estas normas modifica el entorno comercial de un cultivo que continúa siendo importante para numerosas comunidades rurales de Portuguesa, Lara, Trujillo, Mérida y otras regiones productoras.

Durante la campaña 2026-2027, caficultores venezolanos denunciaron diferencias de hasta 80 dólares por quintal entre los precios recibidos y los valores de referencia acordados. Ese antecedente permite comprender la importancia de las condiciones comerciales para las explotaciones que buscan mejorar sus ingresos.

Sin embargo, la nueva disposición no establece precios de compra ni garantiza automáticamente mejores ingresos. Sus efectos dependerán de las operaciones comerciales que puedan concretarse y de la aplicación efectiva del nuevo marco normativo.

Pesca y acuicultura sin autorización previa de una comisión

El Decreto 5.460 también elimina la Resolución N.º 0021-17, de 2017, que había establecido una Comisión Evaluadora de Importaciones y Exportaciones de Productos y Subproductos Pesqueros y Acuícolas.

Ese mecanismo sometía las solicitudes de exportación a una evaluación administrativa y permitía determinar cantidades exportables considerando previamente el abastecimiento del mercado nacional.

Con la derogación de la resolución desaparece ese procedimiento específico de autorización y asignación de cupos.

El cambio puede resultar relevante para empresas dedicadas a la captura, procesamiento y comercialización de pescado, así como para establecimientos de producción acuícola interesados en atender compradores internacionales.

Venezuela dispone de condiciones naturales para desarrollar distintas actividades de producción acuática. En regiones como Anzoátegui se ha analizado anteriormente el potencial de la acuicultura para ampliar el abastecimiento de proteína y desarrollar oportunidades comerciales.

No obstante, la eliminación de autorizaciones administrativas no sustituye los controles sanitarios, las condiciones de inocuidad ni las exigencias de trazabilidad que puedan establecer los países importadores.

Qué documentos dejan de exigirse para exportar

La reforma introduce modificaciones adicionales que alcanzan a las operaciones de comercio exterior de distintos sectores productivos.

El artículo 3 del decreto elimina, como condiciones internas para exportar, los permisos asociados con los Regímenes Legales 4, 14 y 18 del Arancel de Aduanas, así como determinados códigos de exportación y guías de movilización expedidos por SUNAGRO.

También deja de exigirse de manera general el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura para Exportación emitido por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS).

Sin embargo, estos cambios tienen límites importantes. Cuando el país de destino requiera certificados de buenas prácticas, documentos sanitarios u otras acreditaciones, el exportador deberá cumplir las condiciones correspondientes.

Además, el decreto no elimina automáticamente todos los permisos previstos en el Arancel de Aduanas ni modifica las obligaciones aplicables a las importaciones cuando estas continúen expresamente establecidas.

Las certificaciones sanitarias seguirán disponibles

El nuevo marco establece que los organismos competentes deberán continuar emitiendo los documentos necesarios para respaldar las exportaciones.

El SACS conservará sus funciones de certificación cuando los mercados compradores exijan documentos de buenas prácticas de manufactura o certificados de libre venta.

En el sector pesquero, las autoridades correspondientes deberán seguir proporcionando las certificaciones sanitarias y de captura legal exigidas para determinadas operaciones internacionales.

Los exportadores también podrán solicitar certificados sanitarios, fitosanitarios, zoosanitarios, de inocuidad y de origen, sin necesidad de demostrar previamente que el país de destino los exige.

Esta distinción es fundamental: la reforma reduce determinados requisitos administrativos venezolanos, pero no elimina las obligaciones de acceso a los mercados internacionales.

Para los productores de café y cacao, las condiciones comerciales externas pueden incluir exigencias adicionales de trazabilidad y sostenibilidad. Un ejemplo es el proceso de adaptación a las normas europeas relacionadas con la deforestación y el comercio de productos agrícolas, que establece obligaciones independientes de las disposiciones administrativas venezolanas.

Los ministerios deberán adaptar sus regulaciones

La reforma no termina con la entrada en vigor del decreto. El instrumento establece un plazo de 90 días para que los ministerios competentes en agricultura y pesca dicten nuevas disposiciones dentro de sus respectivos ámbitos de actuación, con las limitaciones regulatorias previstas en el propio texto.

Asimismo, contempla la participación del Comité de Comercio Exterior (COMEX) en la revisión de otros requisitos administrativos que puedan representar obstáculos para las exportaciones.

El decreto mantiene excepciones relacionadas con materias como salud, control de sustancias químicas, seguridad y defensa, además de las obligaciones derivadas de los mercados de destino y los compromisos internacionales aplicables.

Por tanto, las empresas exportadoras deberán distinguir entre los requisitos expresamente eliminados y aquellos que continúan vigentes para cada producto.

Una oportunidad comercial que dependerá de la producción y los mercados

La simplificación administrativa llega en un contexto en el que distintos sectores agrícolas venezolanos buscan ampliar sus posibilidades de comercialización y mejorar las condiciones económicas de sus explotaciones.

La disponibilidad de tierras y la diversidad de condiciones agroecológicas constituyen elementos relevantes para ese objetivo. Un diagnóstico reciente sobre el potencial productivo de las tierras agrícolas venezolanas también puso de relieve las diferencias entre la superficie apta para la agricultura y la efectivamente utilizada.

Sin embargo, disponer de capacidad agrícola no equivale automáticamente a contar con excedentes exportables. Para concretar ventas internacionales se necesitan volúmenes suficientes, calidad constante, infraestructura de procesamiento, transporte, financiación y compradores capaces de sostener relaciones comerciales.

La reforma tampoco resuelve por sí misma los problemas de costos de producción, disponibilidad de insumos o comercialización interna que afectan a diferentes rubros.

El cambio verificable es de naturaleza regulatoria: desde el 19 de noviembre de 2026 desaparecieron determinados controles y autorizaciones que anteriormente condicionaban las exportaciones.

Todavía no se dispone de resultados posteriores a la entrada en vigor que permitan atribuir a esta medida un incremento de las exportaciones agrícolas o pesqueras.

La aplicación práctica del decreto, la publicación de las normas complementarias y la evolución de las operaciones comerciales permitirán evaluar si la simplificación se traduce en menores tiempos administrativos y nuevas oportunidades para los productores venezolanos.

Fuentes referenciales:
Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 7.091, del 4 de noviembre de 2026 — Decreto N.º 5.460
Ágora Abogados — Análisis jurídico del Decreto 5.460, publicado el 18 de noviembre de 2026
El Cambio VE — Requisitos eliminados y condiciones que permanecen para exportar