Los científicos británicos se han unido al Ministerio de Salud nacional para instar a los mexicanos a comer menos carne, una medida que según las partes interesadas fomentará hábitos alimenticios más saludables y reducirá el impacto ambiental del sistema alimentario del país.
El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Edimburgo y del Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP), evalúa cómo responderían los hogares mexicanos ante diferentes escenarios de incremento de precios en estos productos, simulando impuestos similares a los que ya se aplican a las bebidas azucaradas.
Los autores sugieren que un aumento del 10% en el precio de la carne procesada podría reducir el consumo en un 8,3%. De igual manera, un aumento del 10% en el precio de la carne roja provocaría una caída del 7,9% en la demanda, escribe Elisa Galeana, analista del sector en Mexico Business News.
El estudio destaca que el consumo de carne roja y carne procesada en México supera las recomendaciones dietéticas oficiales y contribuye tanto a las enfermedades crónicas como a la crisis climática.
Según las Guías Alimentarias Mexicanas 2023, la carne roja es una valiosa fuente de nutrientes. Sin embargo, su consumo excesivo se asocia con problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en México, y riesgo de cáncer. Además, su producción se asocia con la pérdida de ecosistemas como bosques, selvas y pastizales, y es la tercera fuente más importante de emisiones de gases de efecto invernadero.
Según el Consejo Mexicano de la Carne (COMECARNE), el consumo de carne aumentó 9 kg entre 2019 y 2023, alcanzando un promedio anual per cápita de 80 kg de carne de res, cerdo, pollo, cordero y cabra. En contraste, las guías alimentarias nacionales recomiendan un máximo de aproximadamente 312 porciones al año, equivalente a unos 13 kg por persona. Esto significa que el consumo real fue más de seis veces superior a la cantidad recomendada.
El análisis se basó en datos de más de 240,000 hogares mexicanos recopilados entre 2018 y 2022 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Se complementó con encuestas alimentarias y un estudio longitudinal de mujeres en Jalisco y Veracruz. Con esta información, el equipo de investigación estimó cómo cambiarían las compras de carne roja y procesada ante el aumento de precios y qué otros productos podrían elegir las personas en su lugar.
El artículo argumenta que los hogares de bajos ingresos son más sensibles a los aumentos de precios, pero tienden a sustituir la carne por opciones más nutritivas y asequibles de las dietas tradicionales, como las legumbres o el marisco. Esto sugiere que estas medidas fiscales podrían contribuir a reducir las desigualdades en salud si se combinan con políticas adicionales, como subsidios a frutas y verduras o programas de educación nutricional.
Kaela Connors, autora principal e investigadora de la Universidad de Edimburgo, argumenta que, para evitar que estas medidas empeoren la desigualdad, parte de los ingresos fiscales deberían destinarse a subsidios o cupones para alimentos saludables. Connors, quien trabajó anteriormente con el INSP, afirma que México está bien posicionado para adoptar este tipo de política, ya que el país cuenta con una trayectoria pionera, convirtiéndose en el primero del mundo en introducir un impuesto a las bebidas azucaradas en 2014 y en incluir la sostenibilidad en sus directrices alimentarias en 2023. Instó a los responsables políticos a aprovechar el impulso político evidente en medidas como la prohibición de la comida chatarra en las escuelas públicas para avanzar hacia un sistema alimentario más saludable y sostenible. «Esta es una oportunidad para que México alcance simultáneamente sus objetivos de salud pública y sostenibilidad», afirmó Connors.
Fuente: Noticias de Negocios de México. Autora: Elisa Galeana.
