Durante los últimos días estamos siendo testigos de estallidos de protestas en la cadena alimentaria, cuyo talón de Aquiles es el eslabón más débil: la producción.
Julián Briz Escribano, Universidad Politécnica de Madrid (UPM) and Isabel de Felipe Boente, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Las tractoradas han sido una muestra de la presión que se viene sufriendo en la agricultura por la incidencia de factores naturales (sequía, inundaciones, etc.) y otros provocados de forma voluntaria o involuntaria.
El núcleo del descontento agrario se focaliza en la percepción de que los precios son insuficientes, existe competencia desleal y una falta de apreciación social, entre otros motivos.
Precios demasiado bajos
La exigencia de precios para cubrir costes es un principio fundamental en toda actividad empresarial y para todos los sectores. Sin embargo, en una economía de mercado, donde los costes son heterogéneos, a unos los precios les permiten únicamente sobrevivir y otros son capaces de obtener beneficios. La clave está en los márgenes comerciales, diferencial entre productor y consumidor.
En este tema de amplio debate, España ha sido el primer país europeo en tener una Ley de Cadena Alimentaria desde 2013, con la que creó la Agencia para Información y Control Alimentario (AICA). El Ministerio de Agricultura ha recogido el guante y se ha comprometido a fortalecerla y mejorar su eficacia.
Aunque esta ley prohíbe la venta a pérdidas (venta del producto a un precio por debajo de su coste de producción), todavía no existen sanciones para esta práctica que puede darse tanto en origen, como vienen denunciando distintas organizaciones de agricultores, como en los supermercados.
Es fundamental hacer el seguimiento de la cadena y los valores en cada eslabón y aplicar la legislación. Todo análisis de márgenes comerciales necesita un enfoque glocal, es decir, seguir las orientaciones generales de la legislación y tener en cuenta la situación local del producto y lugar donde se encuentra.
Competencia desleal
La competencia desleal se centra, en el caso español, en los productos de terceros países. Estamos en un mercado común que debe garantizar el libre movimiento de mercancías comunitarias. Los agricultores españoles acusan a la actual regulación de la UE de no prestar atención a las distintas modalidades de dumping: económico, social, ecológico y medioambiental.
Los productos importados no tienen que cumplir las normas comunitarias en materia laboral. A las empresas de otros países se les permite, por tanto, el trabajo de menores y salarios mas bajos a los trabajadores. También hay una mayor permisividad en el uso de plaguicidas y agroquímicos, lo que facilita mayores rendimientos.
El impacto medioambiental es otro elemento de agravio comparativo, al ser más restrictiva la regulación para los agricultores comunitarios.
Falta de reconocimiento
La falta de apreciación del campesino por el urbanita tiene raíces profundas tanto culturales como socioeconómicas en el entorno europeo. El campesinado se ha clasificado como la clase social más baja, aunque en los últimos tiempos y en situaciones de crisis como la pandemia viene siendo objeto de mayor simpatía.
No obstante, en el aspecto financiero, hay un reconocimiento agrario a través de la Política Agraria Común (PAC). Esta viene dedicando fondos al campo, que, en el caso español, ascienden a 47 724 millones de euros hasta 2027.
Protección del medio ambiente
Los agricultores son los principales interesados en proteger el medio ambiente, pues es su escenario de trabajo y gran parte de su labor se centra en la protección de la naturaleza. Ello no obsta para corregir errores por ciertas prácticas agrarias, como la reducción de agroquímicos y contaminantes y el uso racional del agua, sobre todo en grandes explotaciones intensivas.
Los profesionales del campo señalan que las leyes de protección animal y conservación de especies no deben extrapolarse hasta llegar a suponer una amenaza en ciertos lugares para las acciones agrícolas o ganaderas.
No obstante, hemos de considerar que medidas como el Pacto Verde de la UE han sido aprobadas por los ministros de Agricultura, nada ajenos al sector agrario.
El consenso en la visión global debe complementarse con actuaciones locales adecuadas. Los países del norte europeo tienen menos plagas y proponen más restricciones a los plaguicidas que los sureños, con más azotes de plagas y que necesitan periodos de adaptación para aplicar la lucha biológica o productos menos nocivos. La agricultura ecológica es una vía recomendable, pero no la exclusiva.
Cambio climático y abandono rural
Otras razones desencadenantes del futuro incierto en el sector agrario provienen de las innovaciones, el cambio climático y la pérdida de profesionales por la despoblación.
El cambio climático es un hecho incontestable, con la discusión de la corresponsabilidad humana y su capacidad de amortiguarlo. Las sequías, inundaciones y otras catástrofes diezman las cosechas y obligan a la búsqueda de cultivos y variedades más resistentes
La falta de rentabilidad económica, la marginación y la incertidumbre de cara al futuro están propiciando la emigración del mundo rural a los núcleos urbanos y un serio problema de reemplazo generacional. La España vaciada ha supuesto un abandono de la población más joven a otros servicios, por lo que la agricultura tradicional familiar y las pymes, intensivas en mano de obra, tienen un futuro incierto.
Dificultades para poner en marcha las innovaciones
El economista austríaco Joseph Alois Schumpeter hablaba de la innovación creadora y la destrucción creativa. Todos los eslabones de la cadena de valor están sometidos a este movimiento innovador.
En la producción, la necesidad de digitalización a través del diario de gestión digitalizada de las explotaciones y la carga burocrática para la obtención de ayudas choca con el envejecimiento de la población y su desconocimiento de prácticas digitales, así como con las deficiencias en internet y comunicación en áreas rurales.
Innovaciones técnicas como la robotización, los riegos de precisión y los drones son fuente de transformación. La inteligencia artificial mediante las aplicaciones afecta a la gestión del almacenamiento, el transporte, el control de residuos y la economía circular, involucrando a todos los eslabones. La ingeniería genética, los transgénicos y las nuevas variedades son otras innovaciones que afectan al sector agrícola.
Resumiendo, como sector estratégico de primer orden, el sistema alimentario requiere la atención de toda la sociedad, la academia, empresarios, funcionarios y organizaciones civiles, siguiendo una estrategia glocal: con una visión global y a largo plazo, pero con actuaciones locales y cortoplacistas.
El cambio climático y la protección de la naturaleza deben entroncarse con un sistema viable y sostenible para las empresas agrarias y todas las involucradas en la cadena alimentaria.
Julián Briz Escribano, Catedrático emérito, Universidad Politécnica de Madrid (UPM) and Isabel de Felipe Boente, Profesora jubilada de Economía y Desarrollo, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
