Adriano Arístides Aguirre Zavala
La fallida aplicación de la ley agraria en Ecuador demuestra que el Derecho Agrario —la herramienta legal fundamental para revertir el abandono estatal— no ha logrado cumplir su propósito. Al articular los desafíos sociales y económicos con propuestas de acción, se concluye que la ley debería ser el pilar de una política pública técnica y sostenida en el tiempo.
La legislación que debería servir como escudo protector y motor de desarrollo parece ser víctima de un doble problema gubernamental: o existe un flagrante desconocimiento de la normativa y de las complejas dinámicas rurales, o, peor aún, una deliberada falta de interés político que ha permitido que la especulación y el subdesarrollo condenen al campo al llamado “círculo de miseria”. Este artículo analiza cómo esta indiferencia legal y política ha abierto la puerta a la crisis, frustrando el potencial productivo del país.
- Abandono y manipulación de precios.
La principal evidencia de la ineficacia del marco legal actual es el círculo de miseria en el agro. A pesar de que el sector es estratégico y guardián de la soberanía alimentaria, el Derecho Agrario no ha logrado protegerlo de la especulación financiera. - Ineficiencia ante la especulación.
La ley agraria permite importaciones ilegítimas de materias primas, como maíz, en épocas de cosecha, generando una caída inducida de precios que beneficia a los grandes holdings y a la industria. - Consecuencias financieras y pérdida de tierras.
La caída de precios impide a los productores pagar créditos e insumos, incluso cuando el proceso productivo no ha tenido afectaciones. La mora resultante deriva en juicios coactivos sobre tierras productivas, que terminan siendo adquiridas a la baja por los mismos grupos de interés. - Falta de regulación en insumos agrícolas.
La débil normativa permite la venta de insumos agrícolas a precios elevados y, en algunos casos, con moléculas prohibidas por su impacto en la salud. Urge brindar capacitaciones continuas al agricultor para el manejo adecuado de agroquímicos destinados al control de plagas y malezas.
Para romper este ciclo de abandono, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales debe articular medidas urgentes que garanticen la viabilidad económica y la vida digna en el sector rural:
A. Planificación basada en datos.
Se debe exigir un Censo Nacional Agropecuario como prioridad absoluta, que incluya habitantes, necesidades, georreferenciación de predios y datos socioeconómicos. Con esa información deben diseñarse políticas públicas técnicas y efectivas.
B. Créditos a bajo interés.
El Estado debe fomentar créditos agrícolas para pequeños y medianos productores. Esto requiere una reforma legal que priorice el financiamiento productivo por encima del interés financiero.
C. Vinculación con la obra pública.
La ley agraria debe integrarse con las leyes de obra pública para garantizar:
– vías de segundo y tercer orden
– mantenimiento de caminos rurales
– limpieza y reconstrucción de canales de riego
– conectividad y seguridad rural
El objetivo es asegurar las condiciones básicas para la producción.
D. Comercialización y Reserva Estratégica Alimentaria Nacional.
Se requiere una reingeniería de la UNA-EP, para convertirla en un ente regulador capaz de absorber cosechas (arroz, maíz, soya, etc.) a precios justos e importar insumos clave para reducir costos y eliminar intermediarios abusivos.
E. Investigación y sustitución productiva.
El Derecho Agrario debe promover, junto con la academia y centros como INIAP, la investigación de nuevas materias primas como matriz productiva para generar productos elaborados y diversificar la economía rural.
Es importante recalcar que el Derecho Agrario es fundamental para regular la propiedad de la tierra, los derechos de los agricultores y la seguridad alimentaria, promoviendo justicia, desarrollo rural sostenible y estabilidad social. También ayuda a resolver conflictos y protege a las comunidades rurales. En concordancia, el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas derechos colectivos, incluida la conservación imprescriptible de sus tierras comunitarias. En este marco, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales protege los derechos de los agricultores y garantiza la soberanía alimentaria.
En conclusión, la ley agraria ecuatoriana debe dejar de ser un conjunto de normas pasivas y convertirse en un mandato de desarrollo y dignidad. El gobierno se encuentra en una encrucijada: o reconoce el desconocimiento de las urgencias legales del campo, o confirma su falta de interés al mantener inoperantes los mecanismos destinados a frenar la especulación y garantizar la dignidad rural. El precio de esta indiferencia es altísimo: la pérdida de la soberanía alimentaria y la condena de miles de familias al círculo de miseria. La reforma urgente y la aplicación técnica del Derecho Agrario no es un favor al sector, sino una acción de seguridad nacional indispensable para evitar el desabastecimiento.
Adriano Arístides Aguirre Zavala
Conocido como Adriano Aristiaguirre, es un abogado e ingeniero guayaquileño con experiencia como técnico agrícola, ambiental y en la industria fideera, además de desempeñarse como desarrollista rural. En el área jurídica ha trabajado en Derecho de Familia, Penal y Constitucional.
Formación académica:
– Abogado (UTEG)
– Ingeniero Agrónomo (Universidad Agraria del Ecuador)
– Magíster en Alimentos, mención Procesamiento de Alimentos (Universidad de Guayaquil)
– Máster en Ingeniería Industrial (Universidad Internacional Iberoamericana)
– Gestión administrativa en COREC Corporación Ecuatoriana de Asesores SAS
