La ganadería extensiva de carne en la dehesa extremeña es celebrada como modelo ambiental y territorial, pero funciona con precios que no cubren costes, una PAC compleja e inestable, burocracia creciente, una sanidad animal aplicada con asimetrías, presión desbordada de fauna salvaje y una escasez de agua ya estructural. Si el objetivo es conservar este sistema, hay que convertir el reconocimiento en condiciones reales de viabilidad.
Por Jacinto Gómez, productor ganadero de carne en la dehesa de Extremadura (España)
La dehesa no es un decorado: es un sistema productivo vivo que se mantiene porque hay explotaciones en marcha. Sin ganaderos, la dehesa se degrada, pierde manejo, se empobrece el suelo, aumenta el riesgo de incendios y se rompe el equilibrio entre arbolado, pastos y fauna. Aun así, el relato público suele presentar la dehesa como un patrimonio que “hay que proteger”, sin entrar en el detalle de quién y cómo la sostiene día a día. La realidad es menos épica y más concreta: el sistema se mantiene con márgenes estrechos, decisiones difíciles y una acumulación de cargas que amenaza su continuidad.
El primer escollo es el precio en origen. Producir carne en extensivo implica ciclos largos y costes estructurales elevados: mantenimiento de cercados y charcas, regeneración del arbolado, manejo de caminos, vigilancia sanitaria permanente y, cada vez más, suplementación en periodos de sequía. En los últimos años se han encarecido la energía, los servicios veterinarios y los insumos básicos. Sin embargo, el mercado remunera la carne con escasa diferenciación por sistema productivo. El valor ambiental y territorial del extensivo no se refleja en el precio que recibe el productor. El resultado es una ecuación simple: producir bien no siempre permite vivir de ello.
Aquí hay propuestas claras: referencias públicas de costes de producción para transparentar la cadena; contratos estables a medio plazo que den previsibilidad; y una diferenciación efectiva de la carne extensiva que llegue al primer eslabón, con mecanismos de verificación y reparto de valor. No se trata de privilegios, sino de reconocer que no todos los sistemas tienen los mismos costes ni aportan los mismos bienes públicos.
La PAC debería ser un ancla de estabilidad, pero hoy genera incertidumbre. Cambios frecuentes en requisitos, interpretaciones variables y un sistema de controles que penaliza el error administrativo convierten la gestión de ayudas en una fuente de estrés. Los eco-regímenes, diseñados para reconocer prácticas beneficiosas, se han traducido en más registros y condicionantes que no siempre se ajustan a la realidad de la dehesa. Además, se tiende a aplicar criterios uniformes a contextos muy distintos: no es lo mismo un año de lluvias normales que uno de sequía severa; no es lo mismo un manejo en intensivo que un sistema extensivo condicionado por suelos, pendiente y arbolado.
Hace falta una PAC más simple y flexible, con adaptación automática a eventos climáticos extremos, pagos orientados a resultados ambientales medibles y reducción real de cargas administrativas para explotaciones con buen historial. La política agraria debe premiar lo que funciona en el territorio, no imponer formatos que encajan mal en sistemas complejos.
La burocracia es un coste que no aparece en los balances, pero pesa en la continuidad. Trámites duplicados, plataformas digitales poco adaptadas al medio rural, plazos que no dialogan con el calendario del campo e inspecciones reiteradas consumen tiempo y energía. Este desgaste impacta especialmente en el relevo generacional: pedir a un joven que asuma un negocio con márgenes ajustados y una carga administrativa elevada es, en la práctica, desincentivarlo. Un enfoque de confianza supervisada, con controles proporcionales al riesgo y reducción de exigencias para quien cumple, permitiría liberar tiempo para producir mejor y cuidar mejor el territorio.
En sanidad animal, el rigor es imprescindible, pero la aplicación presenta asimetrías. Explotaciones con buen historial pueden quedar bloqueadas durante meses por resultados dudosos, con consecuencias económicas inmediatas. Al mismo tiempo, la fauna salvaje actúa como reservorio de enfermedades sin un control sanitario equiparable. El productor asume un riesgo que no controla y paga por ello. Es necesario integrar la fauna silvestre en los planes sanitarios, ajustar protocolos al riesgo real y agilizar diagnósticos y resoluciones para evitar bloqueos prolongados que castigan al que cumple. La sanidad debe proteger al sistema productivo, no añadir una capa de incertidumbre estructural.
La fauna salvaje ha pasado de la convivencia al conflicto en muchas zonas. El crecimiento de poblaciones de jabalí y ciervo provoca daños en pastos y cercados, dificulta la regeneración del arbolado, incrementa el riesgo sanitario y agrava la competencia por el agua en periodos críticos. La gestión fragmentada, a menudo condicionada por intereses ajenos al territorio productivo, impide soluciones eficaces. Se requieren censos periódicos y transparentes, planes de control poblacional con criterios técnicos, compensaciones ágiles por daños demostrables y coordinación real entre administraciones. Proteger la biodiversidad no puede significar trasladar todo el coste al ganadero.
El agua es el límite físico del sistema. La sequía ya no es coyuntural; es estructural. Las charcas duran menos, las lluvias son más irregulares y los acuíferos muestran signos de agotamiento. Al mismo tiempo, mejorar la infraestructura hídrica básica se enfrenta a permisos lentos y normativas poco adaptadas a pequeñas actuaciones ganaderas. Es urgente un plan específico para el agua en la dehesa: tramitación ágil para charcas y abrevaderos, protección de zonas de recarga, apoyo técnico y económico a soluciones de captación y ahorro, y prioridad del abastecimiento ganadero básico en escenarios de escasez. Sin agua, no hay manejo posible, por muy buenas que sean las intenciones.
La ganadería extensiva aporta bienes públicos: paisaje, prevención de incendios, biodiversidad y fijación de población rural. Pero esos beneficios no pueden seguir descansando en la épica del aguante. Precios justos, normas sencillas, sanidad coherente, gestión responsable de la fauna y una política hídrica adaptada al clima real son condiciones mínimas para que el modelo sea viable. Si de verdad se quiere conservar la dehesa, hay que sostener a quienes la trabajan. No con discursos, sino con decisiones que devuelvan viabilidad y certidumbre al oficio ganadero.
Jacinto Goméz es colaborador destacado de Mundo Agropecuario
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