Un equipo de la Universidad de Córdoba ha comparado los informes de sostenibilidad elaborados por 100 empresas agroalimentarias de España, Italia, Países Bajos y Alemania. Su estudio se publica en el Journal of Policy Modeling .
La Unión Europea (UE) ha adoptado desde sus inicios la filosofía de establecer normas comunes. La armonización regulatoria es un tema central en la UE, que busca establecer reglas de juego comunes para los países miembros a través de diferentes marcos regulatorios, principalmente directivas.
Para evaluar la sostenibilidad de las empresas europeas, en 2014 la UE promulgó la Directiva 2014/95/UE (NFRD), que exige que las empresas presenten informes de sostenibilidad con el objetivo de medir, supervisar, comparar y gestionar el desempeño de las empresas con respecto a su sostenibilidad.
Diez años después de su lanzamiento, un equipo del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad Agraria de la Universidad de Córdoba, formado por Carlos Anguiano, Melania Salazar, Rossana Tornel y Macario Rodríguez, analizó la cantidad y homogeneidad de la información relacionada con la sostenibilidad divulgada por 100 empresas agroalimentarias de los países más fuertes del sector en Europa: Alemania, Holanda, Italia y España.
Aunque esta directiva obliga a algunas empresas a elaborar informes de sostenibilidad (en función de su tamaño y de si cotizan en Bolsa , según el país), prevé auditorías de dichos informes e incluso sanciones por incumplimiento, no estipula un modelo específico a utilizar.
“La directiva establece que hay unos estándares y que cada empresa puede utilizar el que le parezca más adecuado, siempre y cuando los informes tengan apartados sociales, económicos, de gobernanza y ambientales, que son los básicos”, explicó el investigador Carlos Anguiano.
“El hecho de que la forma de elaborar el informe no esté estandarizada hace que la información sea más difícil de comparar y verificar”, añadió.
El equipo analizó el contenido de los informes de sostenibilidad elaborados por las 100 empresas agroalimentarias europeas seleccionadas. Estas empresas procedieron de acuerdo con el estándar de divulgación de Global Reporting Initiative (GRI) que, dividido en secciones, subsecciones e indicadores, permite comparar mejor los niveles de divulgación. La conclusión fue clara: la divulgación en materia de sostenibilidad de las empresas agroalimentarias europeas es escasa y muy heterogénea.
Destacan las empresas alemanas, que divulgan una mayor cantidad de información relacionada con la sostenibilidad, seguidas de cerca por las españolas. Italia ocupa el tercer puesto, seguida de los Países Bajos, según el estudio.
“A los bajos niveles de divulgación se suma la heterogeneidad de la información que se recoge”, afirma Anguiano. La flexibilidad de la Directiva permite a los países aplicarla de distintas formas. Mientras que en España las empresas con más de 500 empleados deben presentar un estudio de sostenibilidad, en Alemania y Holanda sólo se exige a las empresas que cotizan en Bolsa.
Según el investigador, pese a la falta de transparencia, la directiva sigue siendo positiva, ya que puede servir para disuadir a las empresas de hacer greenwashing o de emitir afirmaciones engañosas sobre sus prácticas medioambientales. “En España vemos que antes de que existiera una obligación, el nivel de transparencia era incluso mayor, por lo que creemos que la información, aunque ahora sea menos abundante, puede ser más precisa”, añade Anguiano.
La recomendación del equipo es la adopción de marcos menos flexibles que una Directiva, ya que “ésta puede no ser el instrumento más adecuado para lograr la armonización de la información de sostenibilidad a nivel europeo, si se permite un amplio margen de transposición por países y no afecta por igual a las empresas”.
Se trata de un análisis que podría ayudar a la Comisión Europea a mejorar su actualización del reglamento propuesto para 2025.
Más información: Carlos Anguiano-Santos et al, Sustainability reporting harmonisation? A utopian endeavour for European agri-food companies, Journal of Policy Modeling (2024). DOI: 10.1016/j.jpolmod.2024.01.008
