La medida incluye un período de transición para el sector productivo y refuerza el enfoque preventivo en la política agrícola
Redacción Mundo Agropecuario
El Gobierno de Panamá anunció la prohibición de ocho plaguicidas utilizados en actividades agrícolas, tras evaluar los riesgos comprobados que estas sustancias representan para la salud humana y el ambiente. La decisión forma parte de una estrategia regulatoria orientada a reducir la exposición de la población y de los ecosistemas a compuestos asociados con cáncer, daños neurológicos y alteraciones hormonales, sin desconocer el impacto que la medida puede tener en el sector productivo.
De acuerdo con la información oficial, la prohibición no se aplicará de manera inmediata y absoluta, sino que contempla un período de transición. Este plazo permitirá a los productores agrícolas adaptar sus prácticas, agotar existencias bajo supervisión y avanzar hacia alternativas menos riesgosas, en línea con los objetivos de protección sanitaria y ambiental definidos por las autoridades.
La medida se enmarca en un contexto regional e internacional en el que diversos países revisan el uso de plaguicidas considerados altamente peligrosos, especialmente aquellos con evidencia científica de efectos crónicos sobre la salud y de persistencia en el ambiente.
Sustancias vetadas y criterios de riesgo considerados
Las autoridades panameñas explicaron que los ocho plaguicidas prohibidos fueron evaluados a partir de criterios técnicos y sanitarios, centrados en sus impactos documentados sobre el organismo humano y los ecosistemas. Entre los factores determinantes se encuentran su vinculación con procesos cancerígenos, afectaciones neurológicas y alteraciones del sistema endocrino, así como su potencial de contaminación de suelos, agua y biodiversidad.
El análisis consideró la peligrosidad intrínseca de los productos, su nivel de toxicidad y los riesgos derivados de una exposición prolongada, tanto para los trabajadores agrícolas como para las comunidades cercanas a las zonas de aplicación. En ese sentido, la prohibición busca reducir escenarios de riesgo acumulativo, especialmente en poblaciones vulnerables.
Aunque la lista de sustancias específicas forma parte de la resolución oficial, el énfasis de la decisión recae en el principio de precaución, priorizando la protección de la salud pública y del ambiente frente a los beneficios productivos de corto plazo.
Período de transición para el sector agrícola
Uno de los elementos centrales de la medida es el establecimiento de un período de transición, diseñado para evitar disrupciones abruptas en la producción agrícola. Durante este lapso, los productores podrán ajustar sus esquemas de manejo de plagas, capacitarse en el uso de alternativas autorizadas y reorganizar sus calendarios de aplicación.
Las autoridades reconocieron que muchos agricultores dependen históricamente de estos insumos y que un retiro inmediato podría generar impactos económicos y operativos. Por ello, el proceso de eliminación gradual busca equilibrar la viabilidad productiva con la reducción progresiva de riesgos.
Este enfoque transitorio también permite fortalecer los sistemas de control y fiscalización, asegurando que el retiro de los plaguicidas se realice de manera ordenada y conforme a la normativa vigente.
Implicaciones para la salud pública y el ambiente
Desde la perspectiva sanitaria, la prohibición representa un paso relevante en la prevención de enfermedades asociadas a la exposición crónica a agroquímicos peligrosos. La evidencia considerada por las autoridades señala que algunas de estas sustancias pueden tener efectos a largo plazo, incluso cuando se utilizan dentro de los márgenes permitidos.
En el ámbito ambiental, la medida apunta a disminuir la contaminación de suelos y cuerpos de agua, así como los impactos negativos sobre organismos no objetivo, incluidos polinizadores y fauna silvestre. La reducción de estos plaguicidas contribuye, además, a preservar la calidad de los ecosistemas agrícolas y a promover sistemas productivos más sostenibles.
El enfoque adoptado refuerza la idea de que la protección ambiental y la salud humana son componentes inseparables de una política agrícola moderna.
Hacia un modelo de producción con menor dependencia de plaguicidas peligrosos
La decisión del Gobierno panameño también envía una señal clara sobre la necesidad de avanzar hacia modelos de manejo agrícola menos dependientes de plaguicidas de alta toxicidad. Si bien la normativa no impone de forma directa prácticas específicas, sí impulsa una transición hacia insumos con perfiles de riesgo más bajos.
En este contexto, el período de adaptación se presenta como una oportunidad para que el sector productivo revise sus estrategias de control de plagas, mejore la gestión integrada y fortalezca prácticas compatibles con la sostenibilidad.
La prohibición de estas ocho sustancias no solo responde a un criterio regulatorio, sino que se inscribe en una visión de largo plazo que busca compatibilizar productividad agrícola, protección de la salud y cuidado del ambiente, pilares fundamentales para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria del país.
Referencias
Infobae. Panamá prohíbe ocho plaguicidas por riesgos a la salud y al ambiente. https://www.infobae.com/panama/2026/01/21/panama-prohibe-ocho-plaguicidas-por-riesgos-a-la-salud-y-al-ambiente/
Nota editorial:
Este artículo ha sido elaborado con fines divulgativos a partir de información pública y fuentes especializadas, adaptado al enfoque editorial del medio para facilitar su comprensión y contextualización.
