La jefa de laboratorio del Centro Regional CREAS, alerta sobre la circulación de productos sin regulación sanitaria, cuya trazabilidad es nula y que podrían contribuir a brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en el país.


Ante el sostenido aumento en el precio de los huevos en Chile, muchas familias han optado por buscar alternativas más económicas de compra. Sin embargo, esta tendencia puede implicar riesgos importantes para la salud. Así lo advierte Fernanda Álvarez, jefa del Laboratorio del Centro CREAS (asociado a la PUCV), quien alerta sobre el peligro de adquirir productos alimenticios, como huevos, a través de canales no autorizados.
“Actualmente, por una caja de 30 huevos estamos pagando alrededor de $9.000. Esto ha llevado a muchas personas a buscar puntos de venta más accesibles, sin considerar aspectos como el origen del producto o si cumple con las regulaciones sanitarias correspondientes”, señala Álvarez.
En Chile, tanto el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) como el Ministerio de Salud regulan los criaderos de gallinas y la inocuidad de los huevos comercializados formalmente. Esta fiscalización permite garantizar que los productos estén libres de plagas como salmonelosis o gripe aviar, enfermedades que pueden transmitirse de animales a humanos.
La especialista se refiere a los casos de contrabando de huevos detectados en el norte del país, o el decomiso de productos alimenticios ilegales durante eventos masivos como la Fiesta de La Tirana: “en mayo de este año, Tarapacá fue la segunda región con más brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), coincidiendo con un aumento en las decomisaciones de alimentos de contrabando”, advierte.
Uno de los focos de mayor preocupación sanitaria es la gripe aviar, virus que ya no solo afecta a aves silvestres o de criadero, sino que se ha extendido a mamíferos terrestres y marinos, y puede llegar a humanos. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han registrado cerca de 973 casos humanos de influenza aviar A en el mundo, con una tasa de letalidad cercana al 48%.
“Lo barato, a veces cuesta caro”, afirma Álvarez. “Al adquirir productos alimenticios por vías no reguladas, se pierde la trazabilidad y la garantía de inocuidad, y se expone a la población a enfermedades potencialmente graves”.
Frente a este escenario, la especialista hace un llamado a la ciudadanía a informarse y a ser rigurosa en sus decisiones de compra. “Lo que parece un ahorro económico puede tener un alto costo en la salud de nuestras familias”, concluye.
