En Venezuela, los productores agrícolas luchan para sacar adelante cada cosecha.
Coordinadora del Programa Social Granitos de Esperanza
Las asociaciones de agricultores trabajan sin descanso para sostener la producción de alimentos y dinamizar la economía en las zonas rurales. Sin embargo, la creciente carga tributaria se cierne sobre las asociaciones, afectando, en primer lugar, a los agricultores y sus familias; luego, limitando su capacidad de contribuir al sector agrícola y amenazando la producción de alimentos del país. En Venezuela donde la agricultura podría ser un pilar económico, el arado fiscal está diseñado para asfixiar a quienes resisten en el campo.
A través del testimonio de Rosa, una agricultora merideña, quiero visibilizar la dura realidad del golpe del régimen al sector primario mediante los tributos. Rosa es la presidenta de una asociación de agricultores en Mérida, donde se reúnen unos 50 productores que cultivan papa y hortalizas, en su asociación enfrentan una lista de desafios: falta de financiamiento, insumos dolarizados, una brecha cambiaria que genera pérdidas, competencia desleal por productos contrabandeados desde Colombia, fallas en los servicios públicos, alcabalas, carreteras en mal estado, los efectos del cambio climático. Pero, como si esto no fuera suficiente, deben lidiar con una maraña de impuestos que parece un recetario.
Por ejemplo, si la asociación genera ingresos por la venta de papas, debe pagar el 34% de las ganancias en Impuesto Sobre la Renta (ISLR), a menos que logren demostrar que son 100% no lucrativos. Para Rosa, este tributo es «criminal», ya que los márgenes de ganancia en la agricultura son mínimos y un impuesto tan alto desincentiva la producción.
Por otro lado, existe el Impuesto a las Actividades Económicas (ISAE), que varía entre el 1% y el 3,5%. Cada municipio decide cuánto cobrar por los ingresos brutos. La Asociación que Rosa preside paga un 2% por las ventas en ferias agrícolas, otro costo que se suma a sus ya apretadas finanzas.
Además, la asociación, por cada empleado, debe pagar entre el 11% y el 13% al Seguro Social (IVSS), un 2% al Fondo de Vivienda (FAOV), un 2% al INCES y un 9% al nuevo Impuesto para Pensiones (IPP). En total, un cuarto del presupuesto, se destina a tributos laborales. Esto significa que hasta el 26% de las nóminas se va en impuestos.
Si la asociación crece y factura más, podría enfrentarse a impuestos como LOCTI, LODAFEF y FONA, que oscilan entre el 0,5% y el 1% para ciencia, deporte y antidrogas.
La Asociación de Rosa es pequeña pero si fuera grande ( grandes extensiones de siembra, maquinarias, etc) tendrían que pagar el Impuesto a los Grandes Patrimonios (IGP), que es del 0,25%.
El IVA, que se sitúa en el 16%, también representa un desafío. Cada saco de fertilizante o herramienta que compran en la asociación lleva un 16% de IVA, ellos no venden productos procesados pero si lo hicieran también debieran cobrarlo, afectandose sus precios.
Así mismo, el IGTF, que es del 3% en divisas, representa otro obstáculo. Como muchos insumos son importados y se pagan en dólares, el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) le quita un 3% extra a la asociación de Rosa. El IGTF en bolívares (2%) está suspendido temporalmente, nadie sabe hasta cuándo.
El Campo, Entre la Semilla y el Escritorio
La carga tributaria no es solo una lista de porcentajes; es un obstáculo que frena el crecimiento agrícola y empuja a muchos productores a la informalidad. En un país donde la producción de alimentos es clave para la supervivencia, las asociaciones de agricultores deberían ser tratadas como un sector estratégico. Sin embargo, los impuestos laborales, que alcanzan hasta el 26% de las nóminas, convierten la contratación de personal en una carga insostenible. El IVA y el IGTF encarecen los insumos, y las exenciones fiscales, aunque existen, son un laberinto de trámites.
Entre 2019 y 2024, la recaudación tributaria pasó de $150 millones a $700 millones mensuales, según expertos. Pero, ¿dónde quedó el campo en esta ecuación? Las asociaciones de agricultores en lugar de recibir incentivos, enfrentan un sistema que castiga la formalidad.
Es muy importante resaltar que en Venezuela solo 4 o 5 estados, como Carabobo, Aragua, Zulia, Lara y Anzoátegui, cuentan con una base industrial significativa. Estas operan al 50% o menos de su capacidad debido a la realidad: fallos en los servicios públicos, controles de precios, la contracción del mercado interno. En los otros 15 estados, la agricultura y la ganadería son la principal actividad económica, pero, en lugar de recibir incentivos fiscales lo que obtienen son más cargas impositivas que asfixian a los productores y limitan a su vez la generación de empleo.
Una medida de urgencia realmente seria debería buscar ampliar la base tributaria, fomentando la formalidad. Esto podría reducir tasas como el IVA, aliviando la presión sobre las asociaciones de agricultores. Sin embargo, la actual política fiscal está diseñada para exprimir a los pocos que siguen produciendo, ignorando la importancia de la agricultura en un país en crisis.
Las asociaciones de agricultores en Venezuela necesitan con urgencia un respiro fiscal.
Revitalizar el Campo Requiere Urgentemente
1. Simplificación de exenciones fiscales: Hacer que los beneficios tributarios sean accesibles para las asociaciones de agricultores.
2. Incentivos agrícolas: Reducir el ISLR y el IVA para productores primarios, reconociendo su rol
3. Capacitación fiscal: Apoyar a las asociaciones con asesoría para cumplir con sus obligaciones sin sacrificar sus finanzas.
Mientras la asociación de Rosa calcula cuánto les quedará para comprar insumos y reinvertir tras pagar impuestos, miles de asociaciones enfrentan el mismo dilema. Todo esto en un contexto donde la crisis económica persiste, debido a la obstaculización de la transición pacífica y ordenada que debió comenzar luego de las elecciones presidenciales de julio 2024.
Quienes ocupan el poder están empeñados en asfixiar a los que resisten en el campo y no detienen la producción.
Cuando compres papas u hortalizas, recuerda a las Rosas del campo venezolano. Ellas no solo luchan contra la falta de financiamiento, las fallas en los servicios públicos, las carreteras en mal estado, la brecha cambiaria y el contrabando. También enfrentan un escritorio lleno de impuestos que amenazan con acabar su trabajo familiar. La agricultura venezolana necesita una administración de Estado que entienda que cada semilla sembrada es una apuesta por el futuro del país. Esto definitivamente pasa por el reconocimiento y respeto a la voluntad popular expresada por los venezolanos el pasado 28 de julio, donde el sector primario votó por un cambio de modelo que contemple políticas públicas reales que apoyen lo hecho en Venezuela, representando oportunidades de crecimiento y desarrollo verdadero, basadas en seguridad jurídica y personal para nuestros productores, en el respeto a la propiedad privada y orientadas a la formalización a través de la transformación de nuestros productores agropecuarios en empresarios del campo con incentivos reales como existen en los grandes paises productores.
Brenda Ribeiro es colaboradora destacada de Mundo Agropecuario
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