Por segundo año consecutivo el DANE entrega el comportamiento de la inseguridad alimentaria moderada o grave, producto de haber incluido desde 2022 en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) una serie de ocho preguntas enfocadas en la medición de la inseguridad alimentaria en el país, de acuerdo con el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 2): Hambre Cero.
La medición se realizó a partir de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés) con información recopilada en la ECV.
Según la FAO, la muestra es la más grande de Latinoamérica con más de 86.000 hogares y más de 242.000 personas a quienes se le aplicó la encuesta.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entregó la información de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) que incluyó ocho preguntas enfocadas a la medición de la inseguridad alimentaria en el país desde 2022, arrojando que en 2023 cayó la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares del país al pasar de 28,1% a 26,1%.
Es decir que mientras que, por falta de dinero u otros recursos, 28,1 de cada 100 hogares en 2022 disminuyeron al menos una vez durante los últimos 12 meses, la calidad, variedad y cantidad de alimentos a los que accedieron, el porcentaje bajó en 2023 a 26,1 de cada 100 hogares. Esta reducción fue estadísticamente significativa. Por su parte, la prevalencia de inseguridad alimentaria grave disminuyó de 4,9% en 2022 a 4,8% en 2023, diferencia que no es estadísticamente significativa.
Por departamentos
Los resultados evidencian que la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó en 15 departamentos en 2023, aunque solo en 8 de ellos las variaciones fueron estadísticamente significativas (Vichada, Quindío, Cauca, Guaviare, Tolima, Casanare, Cundinamarca y Huila). El mayor crecimiento se registró en Vichada, donde el indicador pasó de 30,7% en 2022 a 39,7% en 2023. En los demás casos, los aumentos oscilaron entre 3,7 y 7,2 puntos porcentuales.
Por el contrario, la prevalencia de inseguridad alimentaria de moderada a grave disminuyó en Bogotá y en 17 departamentos, y las diferencias son estadísticamente significativas en 12 de ellos (Boyacá, Bogotá, Magdalena, Putumayo, Nariño, Arauca, Córdoba, Cesar, La Guajira, Atlántico, Caquetá y Chocó). Los casos más destacados son Atlántico, Caquetá y Chocó, donde el indicador se redujo en más de 10 puntos porcentuales en el periodo.
Con respecto a la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave, aunque aumentó en Bogotá y en 14 departamentos entre 2022 y 2023, las variaciones fueron estadísticamente significativas solo en 7 de ellos (Vichada, Guaviare, Cauca, Tolima, Casanare, Risaralda y Quindío). Como en el caso anterior, el mayor crecimiento se registró en Vichada, donde se pasó de una inseguridad alimentaria grave de 9,2% en 2022 a 16,8% en 2023.
En contraste, la prevalencia de inseguridad alimentaria grave cayó en 15 departamentos entre 2022 y 2023, pero solo en 6 de ellos la variación fue estadísticamente significativa (Putumayo, Caquetá, Córdoba, Nariño, Vaupés y Chocó).
La importancia de los datos
La preparación de este informe, con base en la Encuesta FIES, marca una diferencia importante, según lo explica Santiago Mazo, especialista en seguridad alimentaria de la FAO en Colombia, dado que ya son dos años consecutivos que el país dispone de información oficial sobre la situación de seguridad alimentaria y, se presentará anualmente, lo cual ayudará a medir el avance que tenga Colombia en el cumplimiento del ODS 2.
De otro lado, “es importante destacar que esta ha sido la encuesta con la muestra más amplia que hasta el momento se ha hecho en Latinoamérica, empleando la Escala FIES”, señaló Agustín Zimmermann, representante de la FAO en Colombia, al explicar que se contó con la participación de más de 86.000 hogares y más de 242.000 personas. Asimismo, el aporte principal de la metodología FIES es que permite que los resultados sean comparables entre países a nivel mundial.
Para B. Piedad Urdinola, directora del DANE, la información entregada permite que el país cuente con información fiable, base fundamental en la toma de decisiones y la orientación efectiva de programas y políticas públicas para garantizar el acceso a alimentos suficientes y saludables por parte de la población.
